Decimotercer aniversario del estallido social de diciembre de 2001

El reclamo de justicia para los asesinados en las represiones policiales del Argentinazo continúa tan vigente como cada año. Esta vez, el recuerdo estuvo acompañado por las demandas actuales en las causas judiciales de nuevas víctimas de gatillo fácil.

Por Martín Stoianovich

Otro 19 de diciembre se asomó en la ciudad de Rosario con la misma necesidad que en los últimos años. Cumpliéndose el decimotercer aniversario del estallido social del 2001, organizaciones sociales y políticas se movilizaron durante la mañana y la tarde para reclamar justicia por los asesinados en las dos violentas jornadas del llamado “Argentinazo”. Los familiares de las víctimas en la provincia de Santa Fe se hicieron presentes para sostener un reclamo que da cuenta de la perseverancia de una lucha pero que también refleja la fisura del poder político y judicial actual que continúa sin dar respuestas. La jornada contó además con demandas actuales que se asemejan en varios aspectos a las banderas levantadas desde aquella histórica rebelión popular.

La movida empezó bien desde temprano, con dos caravanas en bicicleta que partieron desde zona sur y zona norte para unirse en Tribunales Provinciales,  donde se realizó el acto de la mañana. Un grupo directamente desde Tablada, el otro desde Empalme Graneros, pasando por Ludueña y Villa Banana, puntos en los que se fueron uniendo militantes de organizaciones sociales y familiares de las víctimas de la represión. La bicicleta como símbolo colectivo de los barrios rosarinos es otro homenaje a Claudio Pocho Lepratti, que ha marcado a fuego su legado en las barriadas populares. El final de su vida fue determinado por un oficial de la policía santafesina que le disparó a la garganta mientras Lepratti miraba la represión desde el techo de una escuela en barrio Las Flores y pedía a la policía que no disparara. La continuación de su vida fue determinada por quienes desde hace trece años andan diciendo que “a Pocho no lo mataron, sino que lo multiplicaron”.

Otra de las víctimas de aquella embestida represiva fue Yanina García, de tan sólo 18 años. Estaba en su casa de Pasco al 4500 cuando escuchó una serie de disparos y salió a buscar a su hija que jugaba en la vereda. Una bala de la policía de Santa Fe, que se encontraba reprimiendo a los primeros movimientos de aquel 19 de diciembre, alcanzó a esta joven para quitarle la vida. El juez de Instrucción Osvaldo Barbero reconoció que el disparo había sido ejecutado por la fuerza provincial, pero no alcanzó a determinar al autor y dictó el sobreseimiento de los once oficiales indagados por el hecho. Hoy, su imagen sólo puede verse en una foto que denota varias salidas a la calle. Una sonrisa implacable y un par de ojos negros atravesados por dos mechones de pelo que caen hacia adelante, inmortalizan su rostro en las manos de su madre Lila. “Estamos como todos los años pidiendo justicia. Pido que no pase más esto en ningún lado, siguen matando pibes y pibas diciendo que son culpables”, fueron las pocas palabras que la señora pudo pronunciar durante el acto. Su llanto es tan urgente como el de hace trece años.

Walter Campos, de 16 años, fue a reemplazar a su madre Gregoria en la fila para un reparto de comida que se hacía en la intersección de Olivé y Cabal en el barrio Empalme Graneros. A la señora encargada del reparto no le gustó la presencia de Walter y llamó a la policía argumentando que el pibe intentaba robar. Cuando llegó el comando, él y un amigo que lo acompañaba corrieron asustados. Walter quedó encerrado, desarmado y entregado ante la mira del sargento de la Tropa de Operaciones Especiales Ángel Omar Iglesias, que le disparó a la cabeza provocándole muerte instantánea. Sara Campos, su hermana, que tenía once años cuando mataron a Walter, hoy es la abanderada del pedido de justicia por este hecho, por el cual Iglesias ya quedó sobreseído. “Si no seguimos con pilas y unidos va a quedar así, con pibes de los barrios que van a venir acá a pedir justicia sin encontrarla”, señaló la joven Sara en el acto en Tribunales.

Celeste Lepratti es la cara de una familia entera que pide justicia por el asesinato de Pocho. Con el legado de su padre Orlando, y con la compañía de sus tres pequeños hijos, Celeste se convence a cada año que el único camino posible es el que la lleva a presentarse cada 19 de diciembre a reclamar condena para el entonces gobernador de la provincia de Santa Fe, Carlos Reutemann, como responsable político de la represión. El autor material del asesinato de Pocho fue condenado a 14 años de prisión, pero salió después de 9 años y cuatro meses. Actualmente está en libertad condicional, hasta que a fines del año próximo culmine el cumplimiento de la condena.

Esta vez, el discurso de Celeste fue duro, certero: “No hay justicia, y si lo único que existe es la impunidad como hasta hoy, no podemos hablar de democracia, de que estamos mejorando, de que somos una provincia o un país mejor. Seguimos exigiendo justicia a 13 años, no tenemos expectativas de que desde este edificio venga alguna respuesta. Pero estamos acá diciendo que vamos a seguir cada 19 para demostrar lo cómplices que son. No administran justicia, por el contrario han garantizado la impunidad. No me refiero sólo a los responsables materiales que en su mayoría ni siquiera recibieron algún tipo de pena mínima. Hablo también de los responsables políticos, de Reutemann que sigue ocupando un lugar en el Senado. El único lugar público que le compete es la cárcel, pero no va a venir de estos jueces”.  También, hubo mensaje para los gobiernos actuales. “Hay que remarcar las responsabilidades de los distintos gobiernos locales y provinciales que cuando no actúan, no dan respuesta y callan son cómplices. Y también a nivel nacional por el silencio y la indiferencia vergonzosa para los cuarenta muertos. A todos ellos recordarles que están en deuda”, sintetizó.

El acto por la mañana culminó con la mención del resto de los asesinados en todo el país en las convulsionadas jornadas de aquel diciembre, pero sobre todo con el recuerdo de los nueve asesinados en Santa Fe, provincia que lidera la lista de víctimas. Además, el documento presentado destacó un anclaje en la realidad actual a nivel provincial, haciendo referencia a los casos de gatillo fácil y violencia institucional que llevan el sello de la policía santafesina y tienen como principales apuntados a los jóvenes de los barrios populares. Esta vez, el pedido de justicia abarcó también a los hechos recientes como el de Franco Casco, desaparecido y hallado sin vida luego de estar detenido en la comisaría Séptima de Rosario.

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