Florencia Roveri de Nodo TAU para APCNoticias
El Centro de Estudios de Libertad de Expresión (CELE), Derechos Digitales de Chile, la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC), la Fundación Karisma de Colombia, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y el Centro de Tecnología y Sociedad de la Fundación Getulio Vargas expusieron el martes 28 de octubre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la audiencia temática “Derechos humanos e internet en América”.
La audiencia, solicitada por estas organizaciones se realizó en Washington, durante el 153º período de sesiones. Estuvo presidida por la comisionada Rose-Marie Belle Antoine, y contó con la participación de los comisionados José de Jesús Orozco Henríquez y Paulo Vannuchi y del Relator especial para la libertad de expresión, Edison Lanza. Contó con el apoyo de veinte organizaciones a nivel continental que celebraron la existencia de la audiencia. Las presentaciones contaban con el antecedente de un anexo presentado junto con la solicitud de la audiencia.
Inició la presentación Eduardo Bertoni del CELE quién destacó la importancia de que nuevas organizaciones hagan su primera actuación ante el sistema interamericano de derechos humanos y que este empiece a trabajar con derechos humanos y tecnologías. Subrayó especialmente el trabajo de la Relatoría para la libertad de expresión. “Creemos que los derechos humanos y la tecnología trasvasan a otros derechos fundamentales. Y es importante que la CIDH empiece a trabajar estos temas como lo ha hecho el sistema de Naciones Unidas. Los países de América Latina y el Caribe tienen dificultades para acceder a internet, y eso lo hace más importante”.
Bertoni anticipó los pedidos que las organizaciones dejarían a la Comisión, a seguir: que inicie un estudio temático sobre internet y la promoción y protección de derechos humanos; que proporcione estándares de interpretación de la Convención sobre derechos humanos que sirvan a los países del sistema como guía para la regulación sobre internet; que promueva el tema en sus monitoreos y visitas; y además, que introduzca esta cuestión en el Consejo de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA, a fin de promover la adopción de una resolución en la próxima Asamblea General.
Claudio Ruiz, director ejecutivo de Derechos Digitales, abordó el tema de privacidad y vigilancia. Ruiz señaló que “la privacidad, originalmente entendida como el derecho a estar solo y a no tener intromisión, fundamentalmente por parte del estado, ha tenido reconocimiento constitucional en buena parte de los países de América Latina. Los contornos de este concepto han variado en el tiempo. Hoy no se puede pensar en privacidad sin conexión con valores como la dignidad, la libertad de asociación y la libertad de expresión, principalmente cuando pensamos en la protección de la intimidad, la inviolabilidad de las comunicaciones y del domicilio y la protección de datos personales”.
A la vez, señaló que el desarrollo de la informática ha supuesto una dimensión positiva respecto de la protección de la privacidad, no debiendo entenderla “sólo como un espacio privado, sino también como un espacio donde los titulares de esto derechos toman una parte activa respecto del control de sus acciones y de su información”.
Sin embargo, “la evolución de las nuevas tecnologías hace que hoy día la privacidad se encuentre más amenazada que nunca porque internet es un medio que facilita la vigilancia a un costo muy bajo, especialmente problemático en nuestra región”. Para ilustrarlo mencionó el ejemplo de la vigilancia estatal, “relevante no sólo en algunos casos de países problemáticos sino a lo largo y ancho de la región”; y las normas de retención de datos, que obligan a los prestadores de servicios a retener información privada, “normas que distintos instrumentos internacional han considerado ni necesarias ni proporcionales a efectos de los fines para los que se requiere”.
También mencionó las reglas de protección de datos en Latinoamérica. “No hay leyes protectoras de derechos, desde el punto de vista del público, de registros biométricos normativos, de salud o de seguros. Nuestras poblaciones no están protegidas a la luz de requerimientos normativos internacionales en sede de comercio, por ejemplo, que cada vez son más laxos y no más estrictos, ni vinculados con la protección de los datos”.
Carolina Botero, de la Fundación Karisma, de Colombia habló sobre la tensión entre derechos de autor y el acceso al conocimiento y la información, tensión acentuada también en América Latina ante internet. En este sentido mencionó las presiones que existen para que los estados implementen legislaciones de protección de derechos de autor, como fue el caso de la Ley Lleras de 2011 en Colombia impulsada por presiones de Estados Unidos a través del cumplimiento del Tratado de Libre Comercio (TLC) para crear un mecanismo de exoneración de responsabilidad para intermediarios de internet llamado “notice and take down” (notificación y retiro), que implica un proceso extrajudicial de bloqueo de contenidos que deja en manos de los intermediarios privados la definición de lo que debe estar o no en la red. La misma situación afecta al TPP (Trans-Pacific Partnership/Acuerdo Trans Pacífico) que además se negoció en secreto y no permite saber a la sociedad civil qué es lo que se está negociando.
Como segundo punto, Botero destacó el uso del derecho penal, no como última ratio, sino como herramienta de disuasión. “Se están ampliando las penas y recursos penales para obtener chivos expiatorios, práctica común en Estados Unidos que está acampando en la región. Mencionó los casos del profesor de filosofía argentino Horacio Potel, quien sufrió embargos y otras medidas judiciales por montar un sitio gratuito de traducción de obras de Nietzsche, Derrida y Heidegger, y el caso de Diego Gómez, un biólogo colombiano que cuando era estudiante, encontró una tesis sobre taxonomía y la subió para facilitarla a otros estudiantes. El caso de Potel fue cerrado porque el fiscal consideró que no era delito. Gómez enfrenta un proceso penal iniciado por el autor de la tesis que puede significarle 8 años de cárcel. “Suponemos que terminará como el caso Potel, porque no hubo ánimo de lucro ni intención de daño”, destacó Botero y agregó que “es evidente que se está usando el derecho penal, diseñado para piratería comercial en formas que no tienen que ver con este delito. Es una norma en la región el uso abusivo de las normas de derechos de autor”.
Como contrapunto Botero mencionó los casos de personas con discapacidades visuales o de otro tipo que reclaman formas de acceso a la información y la cultura, en que la tecnología digital no está siendo aprovechada para resolver derechos. Solo en Ecuador Chile o Colombia hay algún tipo de disposición legal para ello. Botero mencionó el Tratado de Marrakech, sobre la ampliación de acceso a las personas, que fue firmado por 16 países de la región y ratificado sólo por el El Salvador. “El tratado tiene retos para el entorno latinoamericano que ya anticipa resistencias”, subrayó.
Botero enfatizó que “es necesario retomar equilibrios y balances cuando se trata de derechos en un contexto como internet que permitiría fácilmente garantizar el nivel de derechos para todos los latinoamericanos”.
Valeria Betancourt, de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC), profundizó en el tema de la discriminación en internet. “Si bien internet se ha incorporado virtualmente en cada aspecto de la existencia humana actual, sigue siendo inaccesible para un porcentaje significativo de la población del mundo, impactando en la defensa, la promoción y el ejercicio de los derechos humanos”, introdujo. Esto incluye el derecho a no ser discriminado, a ser sujeto de diferenciación por motivo de raza, sexo, lenguaje, religión, origen nacional, posición social respecto de la distribución o cualquier otra condición social.
El impacto de internet sobre la discriminación es profundo y complejo. “Por un lado se ha tornado en potente facilitador para grupos marginados al proporcionarles un medio de expresión y recursos para ejercer sus derechos. Por su naturaleza abierta y distribuida puede fomentar la manifestación de pluralidad de voces que pueden enfrentar posiciones discriminatorias y contribuye a empoderar a grupos discriminados. Pero por otro lado puede perpetuar formas de discriminación, producir nuevas formas de discriminación y a menudo incrementar su escala”, explicó Betancourt.
El principal problema es que la discriminación en línea, que se origina en desequilibrios de poder fuera de internet, no suele ser entendida como una violación a los derechos humanos, lo que resulta en una falta de protección y reparación para las víctimas. Valeria mencionó el ejemplo de una psicóloga mexicana, activista de los derechos de las mujeres y de grupos LGBT, que fue sometida a amenazas y discriminación por su activismo a través de sus cuentas de correo y redes sociales. En este caso la fiscalía no consideró delito la discriminación en línea. “Lo destacable en este caso es que la persona damnificada intentó usar las instituciones a cargo de la protección contra la discriminación pero no la acompañaron”, manifestó Betancourt. Es por ello que el principal desafío en este tema son los marcos legales y regulatorios. “Incluso cuando hay legislación contra la discriminación, la violación de estos derechos en línea no son considerados tales y la protección legal no existe o no se aplica”.
Betancourt destacó hitos institucionales al respecto: los derechos a la igualdad y a estar libre de discriminación están consagrados en el sistema interamericano de derechos humanos en su carta fundacional; se ha codificado la Convención Americana contra el racismo y toda forma de discriminación e intolerancia, que cuenta además con relatorías sobre temas específicos como pueblos originarios, mujeres, migrantes, infancia, personas afrodescendientes, gays, lesbianas, travestis y transexuales y también contra la discriminación racial, y la protección de los/as defensores/as de derechos humanos
Para cerrar Betancourt sugirió que “para el entorno digital que cambia con rapidez, alentamos a la Comisión a considerar formas eficaces de enfrentar la discriminación utilizando la tecnología, apoyándose en sus sólidos cimientos en el ámbito de derechos humanos y convocando a especialistas técnicos relevantes”.
Eleonora Rabinovich, de la Asociación por los Derechos Civiles, habló sobre libertad de expresión e internet, “un tema ya trabajado por la Comisión, a raíz del informe anual de 2013 de la Relatoría especial para la libertad de expresión, documento que establece que el artículo 13 de la Convención se aplica plenamente a las comunicaciones que se realizan a través de internet”. Rabinovich señaló que “internet ofrece oportunidades para el ejercicio de la libertad de expresión en línea, pero también desafíos y riesgos para la vigencia de los principios que la comisión no debería dejar de monitorear”.
En este sentido es clave la protección de los intermediarios para la protección de la libertad de expresión y la definición de su responsabilidad por los contenidos subidos por los/as propios/as usuarios/as, tema muy discutido en la región. Rabinovich mencionó que en países como Brasil y Argentina, se ha extendido una práctica jurisprudencial que tiende a culpar intermediarios por contenidos producidos por terceros. “Las sanciones han sido desde medidas cautelares para bajar determinados contenidos hasta indemnizaciones civiles de diferente monto”, señaló.
Otra tendencia preocupante en la región tiene que ver con la remoción o cancelación de contenidos, a raíz del pedido de cualquier persona que considere que están desactualizados o que resultan inadecuados. “Creemos que esta tendencia puede tener impacto negativo en cuanto a información de interés público y de interés periodístico así como el uso desproporcionado del derecho penal o derecho civil para acallar a funcionarios”. Para finalizar nombró la existencia en América Latina de casos de bloqueo por parte de los gobiernos, con fuerte impacto a la libertad de expresión de toda la comunidad.
Finalmente Marilia Maciel, del Centro de Tecnología y Sociedad de la Fundación Getulio Vargas de Brasil, se refirió al Marco Civil, un documento aprobado por ley en abril de 2014 en el mencionado país que trata de derechos fundamentales, responsabilidad de intermediarios y responsabilidad del poder público. Maciel destacó “la importancia de contar con la participación del poder público gubernamental y organizaciones intergubernamentales para desarrollar y dar norte a marcos legales fundamentales holísticos que hagan foco en el interés público. Para lograr ese foco, el Marco Civil fue desarrollado de manera participativa utilizando la propia internet que puede ser instrumento de discusión de políticas públicas y de fortalecimiento de la democracia, lo que refuerza la importancia del acceso a este medio”.
Maciel señaló que la ley fue propuesta como respuesta a una criminalización exagerada de conductas en línea, incluso con penas de prisión. “Esta tendencia es perceptible en toda la región e impacta negativamente en los derechos humanos. El gobierno y la sociedad civil en Brasil entendieron que antes de criminalizar conductas es necesario desarrollar un entendimiento general sobre derechos y aclarar obligaciones. La falta de un marco legal tenía consecuencias negativas como la existencia de propuestas legislativas sin coherencia entre sí, que hoy se deben compatibilizar con el marco legal que tiene una base sólida en derechos humanos. La falta de marco legal también generaba decisiones judiciales conflictivas, negativas para las personas pero también perjudicial para la innovación de la iniciativa privada. “Hoy tenemos un marco legal que armoniza estas decisiones y orienta la aplicación de ciertos derechos”, afirmó.
Para cerrar Maciel abordó la participación social en estos temas. “La movilización para aprobar el Marco Civil nos muestra que existe una narrativa de discusión de la participación política en la región. La sociedad y los movimientos sociales están interesados e involucrados en la discusión de los derechos humanos en línea porque perciben que el tema tiene una importancia imprescindible para ejecutar sus tareas y para ejercitar sus derechos”.
Luego de las cronometradas presentaciones, el Relator para la libertad de expresión, Edison Lanza, destacó la importancia de reflexionar en el sistema. “Esta primera audiencia será un hito para esta temática” auguró antes de enumerar una serie de preguntas que advirtió inician este debate que no se agota en la audiencia sino que seguirá en instancias futuras. Las preguntas de Lanza fueron: a qué foros internacionales la Comisión y la Relatoría deberían prestar atención; cuál es la reflexión sobre la amenaza que el sector privado puede suponer para la privacidad, en particular el poder privado más concentrado que también existe en internet; consultó por la existencia de prácticas que permitan equilibrar el derecho a la propiedad intelectual legítima con el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información; en cuanto al acceso igualitario, consultó sobre cuáles son, si las hay, las buenas prácticas en la región que hayan logrado mayores niveles de igualdad en el acceso a internet; cuáles serían los temas prioritarios para ser abordados en primer término y qué evaluación hacen de las regulaciones en la región, posibles líneas a seguir y peligros sobre las regulaciones que se están discutiendo en la región.
Por su parte, el comisionado José de Jesús Orozco Henríquez solicitó al panel la mención de buenas prácticas que puedan destacar el uso de internet como medio para favorecer la progresiva realización de los derechos económicos, sociales y culturales, como la salud y la educación.
Claudio Ruiz respondió sobre privacidad, y destacó dos aspectos relevantes: primero, el control de los privados sobre el contenido que es a veces personal y otras veces a nivel de metadatos. Y segundo, las normas de protección de datos. “Hay una tendencia en la región de desproteger aspectos vinculados con privacidad en honor a la necesidad de ciertos privados de tener información transfronteriza, de información personal para efectos de comercio. Aquí hay una tensión importante a la cual hacer frente”.
Catalina Botero respondió sobre propiedad intelectual. “Los equilibrios que existían antes de la tecnología no se están trayendo al mundo de la tecnología. Hay una tensión muy importante sobre cómo va a ser el ingreso de los artistas, pero el problema es quedarnos pensando solo en esa tensión. Las nuevas capacidades de la tecnología requieren replantear los balances, y estos van más allá de los ingresos económicos”.
Valeria Betancourt respondió sobre el acceso igualitario y mencionó como casos paradigmáticos a Brasil y Costa Rica. “Hay políticas de estado para garantizar que se dé acceso y eliminar obstáculos artificiales para acceder a infraestructura y también a los contenidos y la información”, destacó. También agradeció la mención a la relación entre los derechos en internet y los derechos sociales y culturales “que es una relación poco explorada porque se ha explorado más la relación con el ejercicio de derechos civiles y políticos”.
Eleonora Rabinovich enumeró temas en los que se podría profundizar, que son variados: “los estándares de responsabilidad de intermediarios, las políticas de filtrado y bloqueos de contenido, de neutralidad de la red, y los temas que vinculan derechos de autor y su tensión con otros derechos”.
Por último Marilia Maciel aportó sobre los foros internacionales a seguir mencionando dos en particular. En primer lugar, la 3a Comisión de Naciones Unidas acerca de asuntos sociales, humanitarios y culturales, donde se discutió la resolución La privacidad en la era digital y, en segundo lugar, la 1a Comisión de Desarme y Seguridad. “Creo que la sociedad civil y los movimientos de derechos humanos siguen poco los temas de privacidad y seguridad. Tenemos que discutir cómo implementarla. Nos falta conocimiento de mecanismos como la criptografía, por ejemplo, y nos falta jerarquizar la importancia de mantener comunicaciones privadas seguras”.
Asiste el video de la audiencia
