El gobierno provincial en el ojo de la crítica

Gabriel Ganón como Defensor General de Santa Fe, y con el apoyo de la familia de Franco Casco,  insiste en que la causa debe ser tratada por la justicia federal. Además, consideran que la policía no puede seguir autoinvestigándose en un hecho de semejante gravedad. Con la carta a Antonio Bonfatti presentada por los padres del pibe, la intervención eficaz del gobierno a favor de la víctima debería ser ineludible.

Por Martín Stoianovich

“Hasta que se haga justicia”, dice Elsa Godoy respondiéndole a un movilero de la televisión que le pregunta cuánto tiempo más piensa seguir en Rosario. No puede evitar romper en llanto cada vez que tiene que hablar públicamente de su hijo Franco Casco, hallado sin vida después de veintiún días desaparecido y con la Comisaría 7ma como último paradero, en donde estuvo detenido por motivos que todavía son dudosos. Pasan los días y los avances en la causa son muy pocos. La defensa de la familia Casco, a cargo del Defensor General de la provincia de Santa Fe, Gabriel Ganón, junto a los allegados de Franco y organizaciones sociales y de Derechos Humanos, continúan insistiendo en la complicidad entre el gobierno provincial, su aparato judicial y su policía como principales responsables del crimen  y posterior encubrimiento.

Desde el principio de esta historia, cuando el rostro de Franco no había llegado a los medios de comunicación y cuando todavía no se conocía el desenlace, la familia Casco sospechaba que detrás de todo estaba la policía. Por entonces, la certeza de que el pibe había estado detenido en la Comisaría 7ma era una prueba irrefutable para fundamentar esta hipótesis. Prueba que se iría profundizando con la indiferencia impartida desde la cúpula de dicha seccional que ignoraba los reclamos de Elsa y retiraba los afiches con el rostro de Franco que habían sido pegados en las inmediaciones de la dependencia. Con la noticia de la aparición sin vida del cuerpo, todo comenzó a cerrar. La indiferencia que salía desde la Séptima, fue la misma que iría recibiendo la familia Casco por parte de la Fiscalía Regional con Guillermo Apanowicz como fiscal a cargo de la investigación, y por parte del propio gobierno provincial que daba presencia en el asunto con la dudosa intervención de Ignacio Del Vecchio como secretario de Control de las Fuerzas de Seguridad.

Este martes 18 de noviembre, bajo las carpas del Movimiento 26 de junio que hoy reúne a los familiares de las víctimas del Triple Crimen de Villa Moreno en el inicio del juicio, la familia Casco y Ganón ofrecieron una conferencia de prensa para detallar el presente de la causa. Allí también intentaron captar la atención del gobernador Antonio Bonfatti a través de una carta abierta que ya está circulando por medios de comunicación y redes sociales. Consideran imprescindible que el máximo representante del gobierno provincial haga uso de sus funciones e intervenga con urgencia con el fin de garantizar el esclarecimiento del hecho.

Los palos en la rueda

Hasta el momento, en todas sus exposiciones Gabriel Ganón fue crítico hacia el gobierno provincial y su poder judicial, sin embargo en los últimos días aparece en escena un nuevo actor que puede cambiar el panorama. Durante la semana anterior, el juez federal Marcelo Bailaque se pronunció en contra del pedido de Ganón, familiares de Franco y la Procuaduría contra la Violencia Institucional (Procuvin)  para que la causa sea investigada en fuero federal. Con esta respuesta, quedó en claro que por el momento las actitudes negativas también aparecen desde el poder judicial de la Nación. “Estamos acongojados por la decisión absurda que tomó Bailaque, sin ninguna fundamentación y sólo con el ánimo de obstruir y demorar la investigación del caso”, aseguró Ganón en la conferencia. A su vez, en referencia al juez, continuó: “La actitud que ha tenido es coherente con toda su historia personal como juez preocupado por favorecer siempre a los intereses de los más poderosos”.

Marcelo Bailaque viene acumulando desde hace varios años acusaciones que lo vinculan a la repartición imparcial de justicia. Data del 2004 el reproche del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) haciendo alusión a la criminalización de la protesta social y privación ilegítima de la libertad designada por Bailaque. Se hacía referencia a una violenta represión y posterior detención de dirigentes sociales en la ciudad de Caleta Oliva de la provincia de Santa Cruz, donde Bailaque ejerció como juez de instrucción durante diez años. Casi una década después, y ya oficiando en Rosario, la Cámara Federal en esta ciudad revocó consecutivamente tres fallos de Bailaque relacionados a las investigaciones sobre el ex jefe de la policía santafesina Hugo Tognoli- quien todavía está ante el ojo de la justicia por su vinculación al narcotráfico- y el empresario Andrés Ascaíni también vinculado al negocio clandestino. El llamado de atención de la Cámara Federal recayó sobre Bailaque por una evidente inclinación favorable hacia una realidad que hoy por hoy es innegable: la íntima relación de la policía santafesina con el narcotráfico.

No es casual, entonces, la negativa de Bailaque sobre el pedido de traslado de la causa al fuero federal. “Su argumento es ridículo, dice que para darse el delito de desaparición forzada de persona tiene que producirse en forma sistemática”, señaló Ganón e hizo referencia a los fallos de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos que consideran que la desaparición forzada de personas se cuadra en hechos de las características del caso Casco, en donde la víctima fue desaparecida por determinado tiempo luego de haber sido previamente detenida por una fuerza de seguridad. “Su resolución, desde lo técnico, carece de todo fundamento político”, analizó el Defensor General de la provincia.

En el mismo sentido, la crítica de Ganón se acentúa sobre el siempre cuestionado rol de la justicia provincial en este hecho. Se volvió a apuntar sobre el fiscal Álvaro Campos y su decisión, siempre desde los supuestos, de ordenar la liberación de Franco por vía telefónica sin tener en cuenta el informe médico que indicaba que Casco se encontraba desorientado en tiempo y espacio. La intervención de la médica de la policía María Elena Zelaya también está siendo cuestionada e incluso se llega a dudar sobre la veracidad de su testimonio y el chequeo médico a Franco cuando se encontraba detenido. El cuestionamiento de Ganón a Campos se basa en su decisión de liberarlo en ese supuesto estado físico del detenido, que hoy es la soga de la cual la justicia se amarra para seguir dándole vigencia a la hipótesis de suicidio. Como respuesta a la idea de que Franco se arrojó por su cuenta al río Paraná, Ganón afirma que en ese caso “por naturaleza” es imposible que el cuerpo haya sido arrastrado por la corriente del río hasta el lugar donde fue hallado. “A Franco alguien lo tiró, estamos seguro que lo tiraron sin vida y los últimos que estuvieron con él en vida fue la policía”, analizó el defensor.

¿Por qué no se constituye una querella?

Una de las reformas de la justicia penal de la provincia de Santa Fe se basa en el querellante como actor en la causa. La víctima, o familiar directo en caso de muerte, puede intervenir activamente en la causa y constituir la querella junto a la defensa para así poder acceder al expediente y tener un rol participativo en el transcurso de la investigación. En el caso Casco, todavía no se ha avanzado en este sentido y la figura de la querella aún no está constituida.

Cuestionado sobre el motivo por el cual no se dio este paso, en conversación con enREDando Gabriel Ganón explicó: “Queremos que la investigación la realice la justicia federal, esa es la razón fundamental. Presentarnos como querellantes sería legitimar la posición del gobierno y la justicia provincial de que esto no fue una desaparición forzada de personas”. En este sentido expresó que el paso siguiente sería lograr que la causa pase a fuero federal y ahí sí constituir una querella que pueda ampliar la investigación y darle firmeza a la hipótesis de homicidio a manos de la policía para deslegitimar la idea del suicidio. Pero la realidad indica que el tiempo pasa, y Ganón admite que con este estancamiento corren riesgo algunos avances concretos en la causa, pero que a su vez es imprescindible que la investigación deje de estar en manos de la provincia. El motivo es sencillo: hasta ahora está investigando la misma policía que como institución estatal está apuntada como responsable de la desaparición y muerte de Franco.

Ganón también pone énfasis en la decisión de la Fiscalía de investigar el hecho por partes separadas, porque por un lado se estudia lo sucedido dentro de la comisaría y por otro el hallazgo del cuerpo de Franco. “Nosotros queremos que se unifique mientras esté en la provincia de Santa Fe pero todavía no lo hemos logrado”, advirtió el Defensor General. Asimismo aclaró que se solicitó el apartamiento de la causa del fiscal Apanowicz. “Ya emitió opinión, hace dos semanas dijo que no había irregularidades, entonces no puede estar al frente de la investigación porque pierde todo tipo de objetividad. Nunca quiso investigar a la policía y además permitió que pruebas fundamentales se borraran”, argumentó Ganón. Con esto, hace referencia a las cámaras de seguridad de la comisaría y del banco que está en dichas inmediaciones, que Apanowicz en su  momento no solicitó como pruebas y a los pocos días el supuesto sistema de autoborrado tornó imposible la recuperación de un material fundamental.

“Hay una posición tomada de la justicia provincial de que esto no es una desaparición forzada de personas, que la policía no tuvo nada que ver y que Franco se habría suicidado. Esto lo instaló la policía y la justicia de Santa Fe, una  justicia encubridora de los crímenes cometidos por el poder”, aseveró Ganón. Por este motivo es que todavía no se constituye la querella y por el momento se prioriza en insistir en que la causa sea investigada a nivel federal.

Por el momento, el rol de la defensa de la familia Casco continuará basado en el pedido de que el hecho se trate como un delito de desaparición forzada de persona, lo que implicaría que la causa se eleve a la justicia federal. “Queremos que sea investigado de esta manera y en el caso de que la justicia provincial insista con arrogarse una competencia que no le es propia, analizaremos con la familia si presentamos una denuncia internacional ante el Comité de Desaparición Forzada de Personas de la ONU, o ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, adelantó Ganón en la última conferencia de prensa. El tiempo pasa, el cuerpo de Franco continúa en la morgue, y los avances en la investigación son escuetos en relación al paso de los días. Por ahora la puja continúa en lograr apartar al gobierno provincial, su justicia y la policía como protagonistas de la investigación.