La Santa Fe de los Rufianes
El presidente comunal de la localidad de Melincué, Gabriel Rébora, está procesado y a un paso del inicio del juicio por posible incumplimiento de deberes de funcionario público, en una causa derivada de investigaciones vinculadas a la trata de personas y el fomento y la explotación sexual de mujeres. Esos hechos ponen al descubierto la explotación sexual en la región, los beneficios económicos que genera para los proxenetas de turno; sus complicidades policiales, políticas y hasta judiciales; y la hipocresía de una sociedad que elije mirar para otro lado mientras se violenta el cuerpo de las mujeres. Lo que sigue es parte de una crónica abierta y urgente.
Por Jorge Cadús (nota publicada en Bloque de Prensa Regional)
PROCESADOS
A fines de octubre de este año, el fiscal de Cámara de Venado Tuerto, Fernando Palmolelli, confirmó que la acusación contra Gabriel Rébora -presidente comunal de la localidad de Melincué- quedó firme, y que «pronto se realizará el juicio correspondiente en los tribunales de Venado Tuerto». Palmolelli advirtió también que «de resultar culpable le puede corresponder la inhabilitación para ejercer el cargo y una posible multa».
El último 19 de mayo la jueza Silvina Marinucci dictó el procesamiento de Rébora por incumplimiento de los deberes de funcionario público; «por mantener habilitado un bar donde se ejercía la prostitución, a pesar de que el comercio fue allanado por la justicia ordinaria y por la Federal durante 2012 en una causa en la que se investiga la trata de personas».
La magistrada rechazó la apelación presentado por la defensa del presidente comunal, y al quedar firme el auto de procesamiento el fiscal se encuentra en condiciones de formular la acusación, apoyado en una presunta violación a la ley de Municipios y Comunas que «prohíbe a la autoridad administrativa habilitar casas de tolerancia, cuando en el mismo lugar se contratan servicios y se ejerce la prostitución».
La causa que derivó en el procesamiento de Rébora se originó en junio del 2012, tras un allanamiento al local Escorpio, un bar ubicado sobre la Ruta Provincial 90, en cercanías de la localidad de Melincué, donde se constató la explotación sexual de mujeres. Tres meses después, en septiembre, el Juez Federal Marcelo Bailaque -que investigaba un caso de trata de personas- verificó que el lugar seguía funcionando con la misma modalidad, y con un presunto vínculo entre Rébora y los propietarios del local.
ALLANADOS
El domingo 25 de mayo, la Secretaría de Prevención e Investigación de Delitos Complejos del Ministerio de Seguridad santafesino llevó a cabo seis allanamientos en Melincué, en el marco de una investigación por «facilitamiento y explotación económica de la prostitución».
Del procedimiento -en el que intervinieron 60 efectivos- participó personal policial, judicial, del Ministerio de Seguridad, de Trabajo, Afip y la fundación María de los Ángeles, creada por Susana Trimarco; y se desarrolló en un prostíbulo encubierto llamado La Rueda, en una serie de departamentos privados conocidos como Las Casitas, y en el domicilio del principal investigado, Gustavo «Cola» López, y de su ex concubina, Mercedes Báez.
El saldo del operativo no es menor para una localidad como Melincué: 15 mujeres asistidas (7 de ellas de nacionalidad dominicana, seis de nacionalidad paraguaya, y dos argentinas, una de ellas menor de edad); $242.000 en efectivo y cheques y más de 700 dólares en billetes; armas de fuego, cartuchos y una treintena de celulares; un auto de alta gama, una camioneta y equipos de computación; y tres personas detenidas: el dueño de La Rueda, su ex esposa y el encargado del local. Las mujeres asistidas prestaron declaración al momento de los operativos, con la contención psicológica y social de un equipo interdisciplinario, mientras que la menor de edad quedó a disposición de la Subsecretaría de Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia de Santa Fe. La situación de todas estas jóvenes «se resolverá en el marco de la asistencia», indicó la titular de la secretaría de Delitos Complejos, Ana Viglione.
Una semana después de los allanamientos, a los tres implicados se les dictó la prisión preventiva -que «Cola» López y «Chengo» Pina que cumplen en la Alcaidía de Melincué; y la «Paraguaya» Báez con arresto domiciliario por tener dos hijos de corta edad- en espera del juicio oral.
Interviene el Juzgado de instrucción de Melincué, a cargo de Andrea Fernández; y la investigación es conducida por el fiscal Matías Merlo.
NOMBRES Y LUGARES
En forma paralela, el 19 de mayo la jueza Silvina Marinucci dictó el procesamiento del presidente comunal de Melincué, Gabriel Rébora, por «incumplimiento de los deberes de funcionario público»; medida adoptada por «violación a la ley de Municipios y Comunas que prohíbe a la autoridad administrativa habilitar casas de tolerancia, cuando en el mismo lugar se contratan servicios y se ejerce la prostitución».
La medida se enmarca en una serie de procedimientos concretados entre julio y septiembre del año 2012.
En julio de ese año, y en el marco de dos causas -una en la Justicia provincial y otra en la Justicia Federal- se clausuraron en Melincué dos prostíbulos: Skorpio y La Rueda. Esos locales contaban con habilitación comunal para funcionar como bares. El operativo incluyó el arresto de dos hombres; y la constatación de 23 mujeres mayores de edad que se encontraban en situación de prostitución, de las cuales 18 eran de nacionalidad extranjera.
En el primero de los locales, Skcorpio, el personal de la Dirección comprobó que trabajaban 16 mujeres; diez de ellas de nacionalidad paraguaya, tres provenientes de República Dominicana y tres de nacionalidad argentina, oriundas de Córdoba y Tucumán. Por su parte, en La Rueda, se comprobó que trabajaban siete mujeres, cinco de ellas de nacionalidad paraguaya y dos de nacionalidad dominicana. Las mujeres rescatadas en ambos sitios se encontraban en «situación de prostitución» ejercida en el interior de los predios inspeccionados.
«El procedimiento fue ordenado por la Justicia que investigaba la fuerte presencia de inmigrantes en la zona. La mayoría no tenía permiso para quedarse en el país, aunque también había argentinas», informó entonces el comisario Roberto Mangold.
Poco menos de tres meses después, en septiembre, y en el marco de una causa por violación a la ley 26.364 de trata de personas -instruida por el Juzgado Federal Nº 4 a cargo de Marcelo Bailaque – Skorpio fue nuevamente allanada. De allí se rescataron 19 mujeres. Once de ellas de nacionalidad paraguaya, tres dominicanas, una de nacionalidad boliviana y cuatro argentinas.
El abogado venadense Antonio Di Benedetto aseguró que las mujeres «ejercen su trabajo por voluntad propia», y «no son explotadas sexualmente»; al tiempo que desmintió que hayan estado en situación de vulnerabilidad y bajo condiciones inhumanas.
Sin embargo, el expediente judicial indica que todas las mujeres eran mayores de edad, y «permanecían bajo situación de vulnerabilidad y cuyos explotadores se quedaban con el 60% de sus ganancias».
Según el Fiscal de Cámara de Apelaciones de Venado Tuerto, Fernando Palmolelli, el entonces juez de Instrucción de Melincué, Leandro Martín, «notificó» al presidente comunal que en el comercio habilitado como bar se ejercía la prostitución.
«Entre julio y septiembre nada había cambiado a pesar de que Rébora estaba notificado por parte del doctor Martín de que había alta probabilidad de que se ejerciera la prostitución», señaló. Y advirtió también que «habrían existido intercambios telefónicos entre los que regenteaban ese lugar y Gabriel Rébora. Hay varias escuchas de Gendarmería que lo comprometen».
A su turno, el presidente comunal de Melincué señaló: «como comuna no podemos tener el poder de cerrar estos lugares ni tener logística para controlar lo que allí sucede. Nosotros, los presidentes comunales, no podemos hacernos cargo de esos controles». Rébora adujo también que su procesamiento forma parte de «una persecución política y personal por parte de la Fiscalía de Cámara con asiento en Venado Tuerto».
Para el fiscal Fernando Palmolelli la causa es sencilla: «hubo un claro hecho de incumplimiento de los deberes de funcionario público, ya que funcionaba un cabaret donde se ejercía la prostitución y estaba autorizado como bar. A todas luces se sabía que en ese lugar había personas que ejercían la prostitución con la complicidad de la comuna, que no podía desconocer esa situación ni realizaba los controles necesarios».
EL RUFIANISMO REGIONAL
Los hechos narrados ponen -una vez más- de relieve el tema de la trata de mujeres, y de su abuso y explotación sexual en toda la geografía de nuestro país. Una situación realmente grave, en donde es preciso identificar culpables y cómplices. Y por supuesto, nuestra provincia, estos arrabales que habitamos en el sur santafesino, no quedan fuera de un panorama preocupante, que en raras ocasiones forma parte de la agenda mediática o política de la región.
Lo que sigue es un breve inventario del rufianismo y sus complicidades en la región:
-En esos mismos días de septiembre de 2012 de los operativos en Melincué, un procedimiento de Gendarmería Nacional allanó el Cabaret Montecarlo, de la ciudad de Rufino. Allí se encontró a seis mujeres en situación irregular, se detuvo al encargado del lugar y se lo puso a disposición del Tribunal Federal de Rosario.
– El 18 de mayo del 2013, personal de Gendarmería Nacional y del Ministerio del Interior allanaron el bar nocturno “La Quinta”, en la ciudad de Firmat. El operativo –dentro de la misma investigación por trata motorizada por el Juez federal Bailaque – dejó como saldo el rescate de seis mujeres (que además de ser sometidas a explotación sexual serían víctimas del delito de privación ilegítima de la libertad); y la detención del dueño del local.
-Cuatro meses después, a mediados de septiembre de ese año, la Delegación Venado Tuerto del Ministerio de Trabajo de Santa Fe, las Tropas de Operaciones Especiales, la Dirección Provincial de Trata de Personas y la Dirección Nacional de Migraciones realizaron una serie de operativos en dos cabarets de la ciudad de Rufino: El 616 y –nuevamente- Montecarlo.
En ellos se relevaron 16 trabajadoras clandestinos. Entre ellas, 10 eran de ciudadanía paraguaya y de República Dominicana. Las presuntas propietarias de los locales fueron detenidas y puestas a disposición del juzgado de distrito en lo Penal de Instrucción y Correccional de Rufino; y los lugares clausurados. Pocos días después, el Juzgado decidió levantar esas clausuras.
Hasta acá un recuento breve, a lo que se debe sumar la explotación sexual «de lujo» en los Casinos de la región, y el retorno de una modalidad tan antigua como la misma existencia de proxenetas y abusadores: las fiestas organizadas en quintas, ubicadas en mitad de los sembradíos de soja, donde se recluta a mujeres jóvenes y en estado de vulnerabilidad para «encuentros privados» que se extienden a lo largo de varios días. Esas prácticas se multiplican en localidades como Alcorta y Máximo Paz.
LA LEY Y LA TRAMPA
Terminaba el período ordinario de sesiones del año 2012 cuando la Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó un proyecto de ley que propone la prohibición en la provincia de «todo tipo de montaje, puesta en marcha, funcionamiento, regenteo, promoción, publicidad, administración y/o explotación bajo cualquier forma o situación de los lugares físicos estilo cabaret, whiskerías, establecimientos y/o locales de alterne».
Desde entonces, esa media sanción de la Cámara Baja durmió el sueño de los imposibles en el rancio depósito de dinosaurios que es el Senado santafesino.
En la última sesión ordinaria de prórroga del día jueves 28 de noviembre de 2013 de la Cámara de Senadores provincial, el pleno del Cuerpo dejó sin dictamen ese proyecto de ley, mientras que el gobernador de la provincia, Antonio Bonfatti, no lo incluyó en el último período de sesiones extraordinarias. El proyecto perdió así su estado parlamentario.
A mediados de mayo de este 2014, la Cámara de Diputados aprobó nuevamente un proyecto –en este caso presentado por la diputada Alicia Gutiérrez- que prohíbe la instalación y funcionamiento de prostíbulos en Santa Fe.
Según los fundamentos de la ley, este tipo de establecimientos, que abundan en distintas localidades de la provincia, «facilitan el desarrollo del proxenetismo, la trata de personas y la explotación sexual de mujeres, que en su mayoría son de bajos recursos y muy vulnerables».
Las cifras aportadas por la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos son contundentes: indican que el 75% de las mujeres víctimas de trata son rescatadas de estos locales, mientras que el 25% restante de departamentos privados. «En los casos en que hay explotación sexual de mujeres, niñas y adolescentes, se quedan con el 50 ó 60% de lo que recaudan. Cuando hay trata, no hay lugar para que la mujer pueda tomar ninguna decisión, porque están en situación de servidumbre”, explica la diputada.
El proyecto apunta a evitar la criminalización de las personas en situación de prostitución, mujeres que se ven obligadas a entregar sus cuerpos a cambio de un dinero que -en su mayor parte- va al proxeneta, sostenedor de este sistema que explota y trafica con seres humanos.
Como sostiene Gutiérrez: «La realidad es que en muchas localidades siguen funcionado estos establecimientos y es frecuente que los prostíbulos, a poco de ser clausurados por las fuerzas públicas, reabran sus puertas y consigan la habilitación correspondiente. Por lo tanto, es indispensable no sólo contar con el apoyo de los Senadores para lograr la sanción definitiva de la Ley, sino también con el compromiso de comunas y municipios para derogar las normativas que infringen sus disposiciones y garantizar su aplicación».
RESCATES
De acuerdo a la información brindada por el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, desde la sanción de la ley 26.364 que tipifica el delito de trata de personas (desde abril de 2008 y hasta abril del 2014) el Estado nacional rescató a 6.431 víctimas de este delito.
La información agrega que «estas acciones, que arrojan un promedio de 3 personas por día durante los últimos seis años, se produjeron en el marco de 2.996 allanamientos, y que entre enero y febrero de este año, las personas rescatadas fueron 364».
«De las 6.431 personas liberadas desde la sanción de la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, el 52% eran víctimas de explotación laboral, mientras que el 48% restante eran sometidas a explotación sexual», detalla el trabajo reportado a la prensa.
Las víctimas, en su mayoría, son mayores de edad (88%), y en cuanto a la nacionalidad, el 47% son argentinas y el 53% restante extranjeras, principalmente de países limítrofes.
También se informó que desde la puesta en funcionamiento de la línea gratuita 145, se recibieron 1.855 llamados.
Por último, se agregó que durante enero y febrero de este año, el 63% de las denuncias se relacionaron con casos de explotación sexual, un 12% a personas desaparecidas y un 10% alertó sobre situaciones de explotación laboral.
COMPLICIDADES
Un viejo y respetado militante político y barrial de la ciudad de Firmat suma responsabilidades políticas que atraviesan partidos y funciones: «tanto el bolonqui de Firmat, La Quinta, como el de Melincué, nunca cerraron. Si bien la puerta del frente está cerrada, siguen atendiendo por las laterales. El de Firmat, fue autorizado a funcionar por el intendente Torres, que le otorgó el permiso a un puntero radical de años, como pago de favores políticos. El tipo alquila a otros ese lugar y a la vez tiene un piringundin en Melincué». Y sostiene que por algo «el 301, de Hughes tiene cerca de 50 años de funcionamiento, prácticamente ininterrumpidos. En una época circularon rumores que en el de Firmat había menores, incluso había un video donde se veía a funcionarios y algunos concejales en una festichola».
Los dichos del referente vecinal de Firmat fueron refrendados por un oficial de la policía santafesina, que remarcó la responsabilidad de los funcionarios públicos y de la misma fuerza policial en la instalación y funcionamiento de estos prostíbulos encubiertos.
A su tiempo, la referente de la Fundación María de los Ángeles, Susana Trimarco, señala que «estas redes no podrían moverse con la impunidad que lo hacen si no tuvieran complicidad de los tres poderes: el político, judicial y policial»; y advierte: «hay que decir las cosas como son. Las complicidades hacen que estos delincuentes sigan destruyendo familias, y destruyendo a nuestras hijas».
La mujer -que a partir de la desaparición de su hija Marita en abril de 2002 se inició como investigadora poniendo al descubierto las tramas ocultas que operan en varias provincias argentinas- cree que hay que desterrar la ignorancia que oculta el tema, «especialmente en la justicia que ha naturalizado todo. Entrevera la prostitución con la trata de personas y la explotación sexual, que son cosas bien distintas».
Y afirma: «las mujeres que están en situación de prostitución, no dejan de ser víctimas. También son explotadas porque para trabajar en los prostíbulos deben pagarles a los proxenetas. Están empobrecidas, expuestas a muchas enfermedades, sin cobertura médica, ni ninguna clase de ayuda. Los proxenetas si se enriquecen. A costa de ellas».
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Imagen: Archivo Postales
