Por Club de Investigaciones Urbanas
Desde la rebelión policial de diciembre de 2013 este proceso se ha intensificado con dramatismo. La ruptura del doble pacto a través del cual el gobierno delegaba en la policía el control de la seguridad y los uniformados “regulaban” a las organizaciones delictivas para que no superaran cierto umbral de tolerancia social, le otorgó aún mayor autonomía a la fuerza y desregló las dinámicas delictivas. El punto cúlmine lo situamos en el brutal homicidio del joven David Moreira, asesinado en marzo de este año por un grupo de personas después de que presuntamente robara a una mujer. Dicho episodio marcó un quiebre.
El estado local (municipal y provincial) supo que la violencia no se detendría con planes sociales y de seguridad cosméticos realzados a través de sus aceitadas técnicas de marketing mediático, al tiempo que se mostró aterrado frente al crecimiento de los desbordes sociales. Los movimientos y las organizaciones de base dimos muestras de una impotencia manifiesta frente a una mutación estructural de las lógicas comunitarias y ante un recrudecimiento de los enfrentamientos mortales entre aquellxs con lxs que compartimos y hacia lxs que dirigimos principalmente las acciones militantes: lxs habitantes de las periferias.
El homicidio de Moreira dejó en claro dos procesos complementarios: por un lado, que la violencia seguida de muerte se expandía más allá de los barrios más empobrecidos a manos de una población dispuesta a los choques directos para defender su seguridad y la de sus bienes. El asesinato ocurrió en un barrio de sectores medios, de origen obrero. Al mismo tiempo, esa furia colectiva evidenció que la autonomía policial no derivaría en una pacífica regulación comunitaria del delito. La multiplicación de ataques a asaltantes en múltiples zonas -incluida la céntrica- se inscribe en esa dirección.
Los días posteriores al asesinato emergió una ruidosa discusión general que traspasó las fronteras de la ciudad y la provincia, y que fue lamentablemente azuzada y mayormente signada por la ponzoñosa lógica de los medios de comunicación; o bien quedó reducida a debates ideológicos impulsados desde sectores que interpretaron lo ocurrido como un supuesto enfrentamiento entre clases y otra forma de estigmatización y represión a los jóvenes pobres, perdiendo de vista, por ejemplo, que las golpizas de vecinos a jóvenes dedicados a robos menores hacía ya tiempo que ocurrían en los propios barrios populares.
El vertiginoso crecimiento de la tasa de homicidios en los primeros tres meses del 2014, sumado al avance de los robos en toda la ciudad, con una correlativa expansión de medidas securitistas y agresiones a jóvenes en situación de robo, terminó de legitimar la intervención de las fuerzas federales luego de años de recrudecimiento de los conflictos sociales. Un ensayo de nueva gobernabilidad, con la represión como epicentro, surgía en Rosario como efecto de una alianza estratégica entre los gobiernos locales y el nacional, con el secretario de Seguridad Sergio Berni a la cabeza.
La llegada de las fuerzas federales generó altos niveles de consenso en buena parte del campo político y social. Desde los gobiernos locales y nacionales, pero también intelectuales, militantes y movimientos sociales de izquierda independiente y también nacionales y populares, la opinión pública del centro y gran parte de los propios habitantes de las periferias sitiados por la gendarmería y la prefectura. La aceptación pareció sostenerse en un acuerdo tácito que establece que, en función del desfondamiento del conflicto, cierto grado de represión se torna imprescindible. Así, desde esta perspectiva, la pata militar aparece como un elemento necesario para gestionar el grave conflicto social que sacude a Rosario en los últimos años.
En los discursos más progresistas se la concibió públicamente como una primera intervención que permitiría fijar un piso de control y pacificación de los territorios a partir del cual sería posible desarrollar otro tipo de políticas públicas: planes de trabajo, educación, recreación, deportes, acciones comunitarias. Nada de esto ocurrió. Pareció una apuesta demasiado mítica que dejó al descubierto la propia debilidad de las organizaciones populares para hacer frente a las múltiples expresiones de la violencia. La derecha, en cambio, la asumió como la estrategia prioritaria de una gobernabilidad a desplegar en esta ciudad y en el resto del país en el marco de una progresiva caída de los sólidos indicadores económicos que rigieron la última década.
Horizontal y Vertical
Transcurridos cinco meses, la intervención federal conserva un alto nivel de aceptación que sólo se ha visto relativamente fisurado por las denuncias de apremios ilegales y persecuciones por parte de gendarmes y prefectos dirigidos hacia su población-blanco: lxs jóvenes de los barrios pobres. Los acuerdos tácitos que aún perduran se basan en la percepción de cierta eficacia de la estrategia militar que, sobre todo en sus inicios, habría permitido la recuperación de parámetros mínimos de convivencia en los territorios. Aún cuando el costo de esa tranquilidad haya sido el despliegue de un exhaustivo y asfixiante control militar de los múltiples flujos barriales.
Ante este tipo de afirmaciones se suele anteponer como respuesta que, con anterioridad al arribo de las fuerzas federales, la vida social ya se encontraba fuertemente restringida como consecuencia de los enfrentamientos entre bandas o los conflictos entre vecinos. Si bien coincidimos con ese diagnóstico, consideramos indispensable salirnos de escenarios esquemáticos. Las disputas armadas pudieron haber disminuido como efecto de la saturación militar pero lejos están de haberse concluido. El sostenido crecimiento de la tasa de homicidios es una evidencia contundente. No se trata, entonces, de la irrupción de una violencia estatal -desde arriba- que vino a poner fin a la violencia letal desde abajo. La actualidad de Rosario marca, por el contrario, que desde el 9 de abril de 2014 coexiste de manera promiscua y alarmante una violencia estatal protagonizada por las fuerzas federales y la siniestra policía provincial, con una violencia de abajo que, en sus diversas manifestaciones, arrecia desde hace tiempo las dinámicas urbanas. Podemos determinar, incluso, una retroalimentación de ambas lógicas. El hostigamiento permanente a lxs jóvenes en los últimos seis meses no hace más que incrementar los niveles de furia y resentimiento que derivan -entre otras causas profundas- en la puesta en acto de una temible agresividad en delitos que antes se consideraban menores, como es el caso de los arrebatos o robos a manos armada. Asimismo, esa extensión y temible recrudecimiento de la violencia delictiva en la ciudad legitiman los discursos más retrógrados que buscan sostener la gobernabilidad en base a la represión y la presencia militar.
No perder el juicio
El 1° de enero de 2012, cuando ocurrió el Triple Crimen de Villa Moreno, se inició un potente ciclo de movilizaciones, denuncias y elaboraciones públicas sobre el nuevo conflicto social en Rosario. Se trató de un proceso político cuya principal virtud fue haber situado a la violencia como un problema político y no meramente policial; a la vez que empujó dicho análisis más allá del feudo de los especialistas, para ser asumido públicamente por movimientos y grupos sociales y políticos de base. Las movilizaciones permitieron vincular entre sí problemáticas y luchas (contra los efectos contaminantes generados por el agronegocio, la entrega estatal de las tierras a los especuladores inmobiliarios, el avance de la represión policial a lxs jóvenes, la gentrificación de los territorios, etc.) como emergentes de un modelo de ciudad excluyente, lejano al que promocionaban con excitación las luminarias mediáticas y publicitarias.
A partir de entonces se ocupó masivamente la calle y se puso en discusión la crítica situación que se vive en los barrios populares, el lenguaje usado por los medios para estigmatizar a lxs jóvenes pobres, se denunció la utilización de eufemismos cotidianos como los llamados “ajustes de cuentas”, se puso en cuestión el racismo social imperante que justifica y alienta los asesinatos de pibes periféricos, el retroceso de las políticas públicas en materia social y territorial, la gravísima situación de las políticas de infancia, la construcción promovida desde el Estado de una ciudad céntrica, turística y negocios inmobiliarios-friendly, se desnudó la vinculación entre el dinero narco y el boom inmobiliario, el rol protagónico de la policía en el avance de la narcocriminalidad, y se discutieron las propios límites de los movimientos sociales frente a las dinámicas sangrientas. Es este ciclo de luchas el que se encuentra fuertemente desafiado como consecuencia del consenso represivo que reina desde principios de abril.
Los casos en que hubo pronunciamientos públicos cuestionando la estrategia militar, se limitaron a denuncias sobre las prácticas violentas de gendarmes y prefectos: persecuciones a jóvenes, amenazas, allanamientos ilegales, hostigamientos sistemáticos, gatillo fácil. Resonaron también algunas críticas fundamentadas en una oposición puramente ideológica a la militarización. Este tipo de posicionamientos coinciden en una misma ausencia: el valeroso rechazo a los métodos represivos no logra asumir en sus diagnósticos y estrategias de lucha el avance de una violencia general en la población, que incluye enfrentamientos letales y delitos en sus diferentes expresiones, incluidos los seguidos de muerte.
Frente a la premura y a la dimensión del problema (cotidiano y estructural), la crítica meramente ideológica y el puro denuncismo de las prácticas lesivas de los agentes federales no alcanzan para tensionar la aprobación subyacente de la población en torno a una estrategia represiva que, con gravísimos costos en el presente y hacia el futuro, se muestra para la opinión pública como relativamente operativa.
Nueva gobernabilidad
Rosario puede constituirse como un territorio de prueba de un modo de gobernabilidad del nuevo conflicto social que se apoya fuertemente en la coerción y la represión a través de la presencia de fuerzas federales que, en vistas de la coyuntura política futura, es especialmente preocupante. La consolidación del recurso militar como dispositivo legítimo ya disponible para gobernar las relaciones sociales violentas y su presencia afianzada en los territorios abre un escenario delicado ante una coyuntura que parece anunciar un giro conservador en la política nacional.
A partir de esto se plantea una necesidad urgente de pensar desde las organizaciones populares un discurso propio en torno al problema de la seguridad que pueda trascender el recurrente diagnóstico y la denuncia ideológica basada únicamente en las determinaciones estructurales (pobreza y desigualdad en el marco del sistema capitalista) y sus posibilidades de cambio sólo a largo plazo, para pasar a pensar estrategias que logren asumir el problema del cada vez mayor deterioro del espacio público, con una marcada privatización de la vida en los últimos años. En ese sentido, creemos que la seguridad como problema debe estar enlazado con el tipo de ciudad en la que queremos vivir.
Desde el 9 de abril el concepto de seguridad pública ha quedado ligado exclusivamente a la intervención de los 2000 gendarmes y prefectos. Ante esta certeza, el gobierno municipal y provincial suplican a su par nacional el sostenimiento de los federales en la calles de las periferias pero también en la estratégica zona centro a través de la cual se vende Rosario al resto de la Argentina y el mundo.
En este marco, nuestro desafío político se torna acuciante si es que nos proponemos llevar adelante acciones que no nos dejen encerrados en discursos ideológicos o teóricos que interpelan sólo a minorías. La denuncia de los apremios ilegales es tan necesaria como claramente limitada. Si la represión (federal y local) no es la estrategia deseada, una pregunta insiste al menos desde el 1° de enero de 2012: ¿Cómo abordamos los movimientos sociales la violencia organizada y también esa más difusa que estalla en las múltiples geografías? ¿De qué manera y con qué recursos creamos políticas para defendernos de las represión policial y federal?
En mayo de 2013 afirmábamos que Rosario ardía al compás del despliegue irrefrenable de negocios legales e ilegales que excluyen y privatizan nuestras vidas. Pero también ardía en los cuerpos en fiesta y en las antorchas de los movimientos sociales pidiendo justicia. Justamente, en las semanas previas al comienzo del juicio por el Triple Crimen de Villa Moreno, exigimos que se condene a los responsables intelectuales y materiales del cruel asesinato de Jere, Mono y Patom, y apostamos a que durante esas jornadas seamos capaces de regenerar un nuevo dinamismo social que ensanche nuestra imaginación política.
clubdeinvestigacionesurbanas@gmail.com
[1] A la masiva proliferación de noticias periodísticas y análisis políticos que determinan en los últimos años el avance de la narcocriminalidad como la principal causa del aumento inusitado de la tasa de criminalidad en Rosario, se le contrapone, desde ciertas líneas periodísticas, académicas e incluso gubernamentales, una hipótesis diferente: los homicidios se deben mayormente a la multiplicación de conflictos interpersonales en las periferias, protagonizados por personas que viven en radios geográficos cercanos, no vinculadas a mercados ilegales. Los desencadenantes de esos conflictos mortales serían heterogéneos e incluso, en muchos casos, banales o nimios. Esta línea de análisis es pertinente aunque sumamente limitada. El principal déficit que presenta es que olvida un aspecto decisivo: el fondo de relaciones sociales en el cual explotan estos conflictos interpersonales es el mismo sobre el que se asienta y se despliega la pata territorial de la cadena narco. De allí la eficacia para lograr los niveles de expansión capilar de este mercado ilícito. Al mismo tiempo, esta lectura desconoce los entrelazamientos continuos entre estas dinámicas. Así como el negocio narco encontró condiciones sociales y subjetivas preexistentes para expandirse y obtener mano de obra en las periferias, puso a disposición códigos, modo de resolver disputas y lenguajes en los territorios en los que se insertó. Se trata, entonces, menos de plantear escenarios binarios que ser capaces de comprender esas relaciones sociales que sostienen en lo profundo la violencia organizada y esa otra más difusa, no ligada necesariamente a mercados delictivos, aunque sumamente letal.
