Por Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud
En las últimas semanas el Instituto de Recuperación del Adolescente de Rosario (IRAR) ha vuelto a ser noticia, a raíz de una resolución adoptada por los Juzgados de Menores de Rosario y San Lorenzo, por la que ordenaron el desalojo del establecimiento y el traslado de los jóvenes a dependencias del Servicio Penitenciario, con presencia de personal de la Dirección Provincial Justicia Penal Juvenil.
Desde la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud expresamos nuestro más absoluto rechazo a las políticas llevadas adelante por el Ministerio de Justicia y DDHH en esta materia y nos oponemos, al mismo tiempo, a involucrarnos en la lógica extorsiva del mal menor, puesto que la discusión entre los funcionarios provinciales y las autoridades judiciales ha quedado entrampada entre la ilegalidad del IRAR y la ilegalidad del traslado de los jóvenes a penitenciarías de adultos.
La madre de todas las batallas es el cierre de esta institución anacrónica y la apertura de otra que se pueda habitar en condiciones dignas, donde las personas que estén privadas de la libertad puedan ejercer sus derechos y donde las lógicas de trabajo sean consecuentes con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y toda la normativa nacional e internacional en la materia. En este sentido, nuestro país adhiere a una especie de “manual” que prescribe cómo deben ser los establecimientos y las condiciones para el cumplimiento de medidas de privativas de libertad de personas menores de edad.
Las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, adoptadas por la Asamblea General en su resolución 45/113, del 14 de diciembre de 1990 son claras en este sentido, así como es clara la violación sistemáticas de ellas por nuestra provincia. Es paradojal hablar de legalidad y de responsabilidad en relación a lxs jóvenes mientras aquellxs que se arrogan la facultad y competencia de señalar esa legalidad son los responsables de la ilegalidad.
La situación del IRAR llega nuevamente a este punto crítico debido a la incoherencia de quienes gestionaron la institución, encabezados por el hoy Ministro de Justicia y Derechos Humanos Juan Lewis. En diciembre de 2007 asumía Hermes Binner la gobernación de Santa Fe y, con el antecedente de la muerte del joven Néstor Salto en abril de ese año dentro del Instituto, anunciaba a través del por entonces Ministro de Justicia y DDHH Héctor Superti “el cierre de IRAR”. En el Programa del Frente Progresista 2007-2011, página 37, se lee: Niñez y adolescencia: Es absolutamente inadmisible e ilegítimo que el Servicio Penitenciario (que es una fuerza de seguridad) se encuentre participando en la custodia y tratamiento de niños, niñas y adolescentes. En el convencimiento de que el SPSF nada tiene que hacer al respecto, se impone el retiro inmediato de la fuerza de cualquier actividad relativa al tema, debiendo hacerse cargo la órbita política respectiva (que nunca podrá tener que ver con seguridad, puesto que se postula que no se trate el tema como un problema de seguridad sino de restitución de derechos).
Sin embargo, a partir de aquel hecho trágico el Servicio Penitenciario toma el control del establecimiento, y los civiles que hasta ese momento trabajaban allí comienzan a ser desplazados a otras dependencias de la Administración Pública. Posteriormente, se inicia el famoso “CIERRE PROGRESIVO DE IRAR”, con la implementación de una forma de administración del establecimiento denominada “Gestión mixta”, consistente en la “convivencia” del Servicio Penitenciario con personal civil desempeñando diferentes tareas y asumiendo la Dirección formal del Instituto. En este marco se “crea” la figura del acompañante juvenil con la principal tarea de gestionar el diario vivir de los jóvenes desde una lógica que apuntaba a “desmontar la cultura tumbera”, a partir de las herramientas de “la pedagogía de la presencia” de Gómez da Costa.
Durante 2010, 2011 y 2012 la situación en IRAR volvió a tornarse muy compleja. A la sobrepoblación (llegó a alojar a 60 jóvenes en condiciones de hacinamiento), se le agregó una disputa “territorial” entre los civiles y los penitenciarios por un supuesto control institucional que estos últimos nunca corrieron riesgo de perder, luchas gremiales por las condiciones de precariedad de muchxs trabajadorxs, tomas de rehén, todo tipo de vejaciones y abusos sufridas por los pibes, ingreso y comercialización de estupefacientes, amedrentamientos a jóvenes y a civiles, persecución política a trabajadorxs, despidos, y más muertes.
En menos de un año mueren dos jóvenes: Jonathan Retamozo y Fabián Lucero. Esta cárcel atroz ya se llevaba a tres pibes. Estas muertes nunca se esclarecieron, ni se abordaron institucionalmente, aunque fueron evidencia de la violencia institucional extrema, y de la negligencia y sadismo por parte del Servicio Penitenciario y de los civiles de la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil que gestionaban y continúan al frente de la Institución. Al reclamo por el cumplimiento de la promesa demagógica de Binner del cierre del IRAR, el Ministro de Justicia y DDHH Juan Lewis respondió a lxs trabajadorxs que “cerrar el IRAR es una utopía absurda”.
Es aquí donde se manifiesta la Razón de Estado, que implica defender al Estado, incluso declarando el estado de excepción, ante cualquier “contingencia” que pueda atacar sus fundamentos. “La razón de Estado usa la Razón como coartada”, escribe Alfredo Grande. En nuestro caso, la razón de Estado se aplica a la defensa de la institución, como algo dado, necesario, inexorable. Entonces los razonamientos se dirigen a justificar lo que los gestores del Instituto realizan para hacer de ella “algo mejor”, sin cuestionar a la institución misma, es decir, sin cuestionar el encierro, el encierro de jóvenes, de qué jóvenes y sin cuestionar el fracaso del intento por hacer “humano” ese encierro.
De esta manera, hoy en día observamos cómo el Poder Judicial cuestiona al Poder Ejecutivo por las condiciones de inhabitabilidad de la cárcel de menores. No le faltan razones ni argumentos: las lauchas pasean por doquier, la mugre es la regla, las cañerías permanecen tapadas, el hacinamiento agobia, etc. Pero jamás cuestiona el Poder Judicial quiénes son los jóvenes que le “llegan” a sus estrados de la mano de la policía, de dónde provienen, cuál es su historia y tampoco se cuestiona a sí mismo al decidir su encierro. Aquí es donde ambos poderes se vuelven cómplices de la custodia de la razón de estado. Fue el Poder Judicial el que resolvió el ingreso de jóvenes al IRAR hasta hacerlo explotar en reiteradas ocasiones,y a los jueces les cabe la responsabilidad por las condiciones de alojamiento de las personas privadas de libertad, debiendo constatar las mismas antes de decidir que un joven sea alojado, por caso, en una sala destinada a aula escolar.
No podíamos esperar otra cosa de la ocupación territorial por las fuerzas federales desde el 9 de abril de este año y las prácticas hostiles hacia lxs jóvenes que venimos denunciando incansablemente, que se abarrotaran los lugares de encierro, puesto que las políticas represivas son la respuesta de los gobiernos a la marginación y vulnerabilidad de lxs jóvenes de los barrios populares que sus mismas políticas económicas y sociales provocan.
Lxs jóvenes recorren un circuito vicioso y viciado en el que quedan entrampados en las lógicas que les propone esta sociedad de consumo, machista e individualista y son en muchas ocasiones alcanzados por el brazo represivo del Estado, a través de la misma policía implicada en el negocio del narcotráfico, en los casos de gatillo fácil, en la trata, etc. Llegan de esta manera a ser penados con el encierro en el IRAR, donde el sufrimiento físico y espiritual es la regla, al igual que las arbitrariedades y la ilegalidad, y donde la garantización de los derechos básicos es la excepción.
Para esa Institución, habiendo ya renunciado a sus promesas, el gobierno de Santa Fe propone la organización cada vez más vertical con una funcionaria proveniente del Servicio Penitenciario, la Ps. Débora Cotichini, a cargo de la Subsecretaría de Asuntos Penales, y de allí para abajo se ubican el Director de Justicia Penal Juvenil, Ps. Alcides Leicker, la encargada de la Coordinación Sur, Ps. Natalia Trincheri, la Directora de IRAR, TS Jimena Staurini, y dos ex acompañantes juveniles devenidos en Jefes Operativos, Federico Di Lorenzo y Jorge de la Fuente. Toda esta “nueva” estructura ha modificado la división interna del trabajo, jerarquizando las decisiones cotidianas y haciendo de lxs trabajadorxs meros ejecutores de esas decisiones, retrocediendo en aquella propuesta de la pedagogía de la presencia impulsada desde 2010. Esta estructura fabril trasforma al Instituto en una verdadera máquina de picar carne joven y adulta, degradando la subjetividad de lxs trabajadores y de los pibes.
Es impensable que el IRAR pueda funcionar de otro modo. Los dispositivos de encierro han sido diseñados para impartir sufrimiento y construir, mediante las reglas del sistema carcelario, “la delincuencia”. Hoy en día, continúan cumpliendo la función social del “secuestro institucional” de aquellas personas que la sociedad no tolera, no soporta y no quiere integrar, concentrando en lxs jóvenes de los sectores populares todos los males y peligros que el mismo orden social engendra por sus propias contradicciones.
Por ello, de nuestra parte, seguimos exigiendo el fin de la hipocresía, el cierre de esta cárcel, el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales en la materia y políticas para la vida de lxs pibxs.
