El Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) realizo el informe «Internet en Argentina: ¿cómo estamos hoy?», que consiste como señala la publicación en un mapeo de la situación en materia de acceso, regulación, y derechos humanos. El infomre destaca que «en materia de acceso a internet, si bien no hay cifras uniformes, en Argentina hay una tendencia en ascenso en cuanto a usuarios y suscripciones». Publicamos aqui algunas de las ideas principales e inlcuimos el enlace al informe completo.
Según un informe de 2012 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) existe un 55,8 por ciento de individuos utilizando internet en Argentina. Lo que, de acuerdo estadísticas de dicha organización, significa un incremento del 45 por ciento en los últimos diez años. De acuerdo a cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) de Argentina, los accesos, en tanto conectividad a internet en banda ancha y dial up, representan más de once millones y medio de hogares y 2.069.308 en empresas y organizaciones.
Las estadísticas en materia de acceso dan cuenta, sin embargo, de la diferencia en el acceso entre áreas urbanas y rurales. Según el INDEC, casi el 80 por ciento de los accesos a internet residenciales y de organizaciones se concentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza – áreas urbanas.
El mercado de telecomunicaciones en Argentina está altamente concentrado: en cuanto a los proveedores de servicios de internet, hay tres actores principales: Telefónica Argentina, Telecom Argentina y el Grupo Clarín S.A. – Grupo Clarín – con una presencia que supera el 90 por ciento del mercado. El cuarto actor es el conglomerado mexicano Telmex que, en los últimos años, empezó a adquirir operadores más pequeños. El resto de los operadores tiene una presencia del 0,5 por ciento del mercado.
En los últimos años el Estado argentino ha emprendido una serie de iniciativas a fin de involucrarse en las telecomunicaciones y universalizar el acceso a internet. Ente ellas, ha lanzado el “Plan Nacional Argentina Conectada” que tiene como objetivo construir redes de fibra óptica a fin de cubrir al 97 por ciento de la población para 2015; y “Conectar Igualdad”, un plan que apunta a entregar netbooks a todos los estudiantes y docentes de escuelas secundarias públicas y a “fomentar la inclusión digital”, según sus objetivos. En tanto son proyectos que están actualmente en marcha y, relativamente recientes, es difícil medir el impacto de estos planes. Por el momento, hay cifras enfrentadas entre las oficiales y los dichos de ciertos actores claves y referentes de los partidos de la oposición al Gobierno.
Además de estas acciones por parte del Estado en materia de acceso y conectividad, en los últimos años, también se empezaron a discutir regulaciones y políticas específicas en materia de internet. Por ejemplo, se presentaron distintas iniciativas legislativas que proponen declarar internet como servicio público, y sobre el derecho al acceso a internet.
En cuanto a responsabilidad de intermediarios, también hay proyectos legislativos en discusión. Hasta el momento, la falta de regulación específica en el tema ha llevado a los tribunales a utilizar distintos argumentos para decidir sobre el tema. Por este motivo, muchos actores claves, entre ellos el Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE), entienden que es necesaria regulación específica y clara sobre el tema a fin de que se garantice que los Proveedores de Servicios de Internet y otros intermediarios no sean responsables por los contenidos de terceros, cuando éstos no tengan conocimiento sobre su ilicitud ni tengan control sobre los mismos.
En materia de bloqueo y filtrado, en líneas generales, la normativa legal argentina protege la libertad de expresión. No hay filtrado automático ni restriccion es a información política y, según los informes de transparencia de Google, no se registran interrupciones del tráfico en sus productos y servicios. De todos modos, existen decisiones judiciales que ordenaron el bloqueo y retirada de contenidos por distintos motivos y se detecta una tendencia en aumento de este tipo de pedidos de remoción. Asimismo, en algunos casos, fundamentalmente por cierto desconocimiento por parte de los tribunales de las cuestiones técnicas, se dictaron medidas cautelares que ordenar con bloqueos genéricos de contenidos (por ejemplo, la omisión en los buscadores de cualquier resultado relacionado con una persona) en lugar de URL definidas, lo cual puede resultar violatorio de la libertad de expresión.
En cuanto a criminalización de la expresión legítima, en Argentina no existen leyes que criminalicen, específicamente, expresiones online sobre temas políticos o sociales. Por el contrario, hay normativa vigente que amplía la garantía del derecho a la libre expresión al ámbito de internet – como el Decreto 1279/97 y la Ley 26.032 de 2005.
Tampoco hay desconexión de usuarios de internet a modo de castigo por conductas ilícitas. Cabe mencionar las iniciativas del Estado para contribuir a la seguridad cibernética, como, por ejemplo, la creación del Programa Nacional de Infraestructuras Críticas de Información y Ciberseguridad y otras iniciativas de la Oficina Nacional de Tecnologías de Información.
En cuanto a protección de datos personales, en Argentina está tutelada en la Constitución Nacional y regulada a partir de la Ley 25.326 de protección de los datos personales aprobada en el año 2000. La norma no regula expresamente el derecho a la intimidad y privacidad en internet, aunque hay precedentes judiciales que han equiparado el tratamiento que debería darse a estos derechos en internet al que se le debe dar en otros medios. En el recientemente aprobado nuevo reglamento de la Secretaría de Comunicaciones (Secom) sobre parámetros de calidad en las telecomunicaciones, parte de su articulado podría significar una amenaza contra el derecho a la privacidad. En uno de sus artículos el reglamento dispone que los prestadores de servicios de internet deberán garantizar “el libre acceso” de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) a las instalaciones y sistemas vinculados a la prestación del servicio, y brindar “toda la información que les sea requerida en las formas y en los plazos que ésta fije al efecto”. La redacción de estos artículos es, cuanto menos, confusa y podría llevar a un trato inadecuado de los datos personales.
En materia de neutralidad de red tampoco hay normativa específica en Argentina. El reglamento de calidad de la Secom antes señalado hace una referencia normativa a la neutralidad de la red – la única en el ordenamiento jurídico argentino. Si bien es positivo que se reconozca a la neutralidad de red, es necesario plasmarla en una ley sancionada por el Congreso argentino ya que tendría más fuerza que una simple resolución. Afortunadamente, la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión de la Cámara de Senadores está tratando actualmente proyectos de ley específicos sobre el tema.
Descarga el informe Internet en Argentina: ¿cómo estamos hoy? Mapeo de la situación en materia de acceso, regulación, y derechos humanos .
