Se viene la presentación del proyecto
Desde la Asamblea por los derechos de la Niñez y la Juventud, formada por organizaciones sociales y políticas, buscan un avance para promover políticas inclusivas. Estadísticas demuestran notorias falencias en el trabajo con estos sectores. Para impulsar la movida se planifica una masiva movilización para el 11 de junio.
Por Martín Stoianovich
La Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud, compuesta por organizaciones sociales y políticas, y que se formara en octubre del 2013 en repudio a la posibilidad de la baja de edad de imputabilidad, continúa trabajando en pos de políticas que tengan como principales protagonistas a los niños, las niñas y jóvenes de Rosario. Hace ya algunos meses que, a raíz de la compleja situación que se vive en los barrios y los pocos cambios certeros como respuesta, desde la Asamblea están trabajando en un proyecto que busca la Declaración de Emergencia en Niñez y Juventud en Rosario. Esta movida tiene como fin lograr un cambio paradigmático en la manera en que los Estados intervienen en los barrios y trabajan con los sectores juveniles. Para profundizar el pedido, se convoca a una masiva movilización el próximo miércoles 11 de junio a las 16, desde la plaza Pringles hacia el Concejo Municipal.
“Narcotráfico, corrupción policial, negocios empresarios, judiciales y políticos, ocupación militar, homicidios, tenencia de armas, escalada de violencia de todo tipo, son la contracara de profundas ausencias de las que poco se habla. Son jóvenes, casi niñxs o casi adultxs, sobre quienes se descarga la violenta desigualdad social. Son siempre jóvenes, en su mayoría varones pobres y en situación de extrema vulnerabilidad, los que transitan las cadenas punitivas. A la vez que en un contexto de violencia social general se intensifica la violencia hacia las mujeres”, describe un reciente comunicado de la Asamblea en la que se pone a los niños, las niñas y jóvenes como principales víctimas de la desigualdad social y la violencia generada como consecuencia.
En la misma línea, los integrantes de la Asamblea poseen pruebas y números oficiales que dan cuenta de determinadas fallas en la aplicación de la Ley de protección y promoción integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, inscripta en la provincia de Santa Fe con el número 12.967 en el año 2009. Algunos de los números disponibles, pertenecientes al primer Informe del Observatorio de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia de Santa Fe, dicen que del total del gasto público social dirigido a la niñez, sólo el 1,4 por ciento es destinado al Sistema de Protección Integral. Este sistema está a cargo de distintas áreas del Estado, como la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, la Dirección Provincial de Promoción de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, la Comisión Interministerial de la Niñez y la Adolescencia, el Consejo Provincial de los Niños, Niñas y Adolescentes, la Defensoría Provincial de Niños, Niñas y Adolescentes, y la Dirección de Infancias, esta última dependiente de la Secretaría de Promoción Social de la Municipalidad de Rosario que conforma al servicio local.
Lo que sucede en relación a la ley 12.967, y que desde la Asamblea consideran como una de las principales causas del estancamiento en su aplicación, es la precarización laboral en trabajadores del Estado en sectores de niñez y juventud. El informe que se desprende del proyecto de declaración de emergencia afirma que el 55 por ciento de los trabajadores que deberían ocuparse de aplicar la ley, se encuentran precarizados. Una cifra cercana a 70 trabajadores de 130 pertenecientes a la Dirección Provincial de Niñez, se encuentran en esta situación. Otro ámbito que atraviesa situaciones similares es el del servicio local, y desde la Asamblea sostienen que “arman y desarman los grupos de trabajos, y no hay direccionalidad política que apunte a garantizar y promover los derechos de los niños y las niñas”. En este sentido, la precarización laboral es entendida como una barrera sólida impuesta sobre las intenciones de trabajar en los sectores de infancia y juventud, que afecta directamente a la relación cotidiana de las áreas del Estado que apuntarían a la labor con niños, niñas y jóvenes.
Otra de las problemáticas sobre las cuales se apunta a trabajar con la Declaración de Emergencia, es la criminalización de la pobreza y el abuso de autoridades que se desata a raíz de esto. Uno de los puntos estatales destinado al trabajo con jóvenes vinculados a hechos delictivos, es el Instituto de Recuperación del Adolescente de Rosario, que carga sobre sus espaldas denuncias de abuso y de condiciones infrahumanas para las personas allí alojadas. Las estadísticas manejadas por la Asamblea dicen que desde 2010 a 2013 en IRAR se registró un 40 por ciento de chicos ingresados con signos de torturas, como producto de apremios sufridos en las comisarías previos al traslado al instituto. En el mismo lapso de tiempo se registraron 33 muertes de jóvenes. La mayoría de ellos a raíz de enfrentamientos con la policía, considerados por la Asamblea como “de dudoso esclarecimiento”, y de cruces entre bandas, mientras que dos muertes fueron consecuencias de ahorcamientos dentro del instituto. Estos dos hechos, también con esclarecimiento sospechoso, son considerados por trabajadores del IRAR como casos de violencia institucional, más allá de que se haya o no tratado de suicidios, como han querido confirmarlo las versiones oficiales.
De la misma forma, el repudio de la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud cae sobre las recientes políticas destinadas a “pacificar los barrios”, caracterizadas por el desembarco de las Fuerzas de Seguridad. En un comunicado en el que se manifiesta el disgusto por la militarización de los barrios, la Asamblea sostiene: “Consideramos a estos megaoperativos como una medida antidemocrática que criminaliza a los sectores populares y continúa manteniéndolos excluidos de sus propios derechos. Cuando los negocios delictivos que los poderes políticos, judiciales y policiales apañaron durante más de treinta años se tornaron insostenibles por el creciente número de asesinatos y delitos vinculados al narcotráfico, se comenzó a atacar a la consecuencia de dichas problemáticas dejando de lado políticas que tuvieran en cuenta a los habitantes de los barrios marginados, principales víctimas de esta situación”.
“Desde hace tiempo venimos reclamando políticas verdaderamente inclusivas que generen transformaciones favorables en la realidad de lxs pibxs. El hecho de que los gobiernos nacional y provincial se encuentren coordinando tareas finalmente, será un rasgo positivo en la medida en que ambos tomen esta problemática desde donde debe ser tomada: la desigualdad social. Entendemos que todos los habitantes del país merecen una vida digna, gozando de trabajo, vivienda, salud, educación, con una niñez y una juventud saludable que crezca aprendiendo y jugando, y no cayendo en las manos de los negocios de este sistema”, sostiene el comunicado. Además, los integrantes de las organizaciones que componen la Asamblea, manifiestan el rechazo a los hechos relacionados a abusos por parte de Gendarmería Nacional, que tuvieron una leve trascendencia mediática y la indiferencia por parte de los representantes políticos, tomándolos como “hechos aislados”. Por otro lado, se cuestiona también la inversión realizada en estos operativos de seguridad en conjunto del gobierno nacional y provincial. “El mantenimiento de las fuerzas federales en nuestra ciudad por un año (2.200 millones de pesos) equivale al 50 por ciento del total de la ciudad de Rosario por el mismo período de tiempo”, denuncia un reciente comunicado.
Por estos motivos, y entre otros que destacará el proyecto que buscará presentarse en los próximos días en el Concejo Municipal de Rosario, desde la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud plantean la necesidad de declarar en emergencia el presente de los niños, niñas y jóvenes de la ciudad. “Esta declaración permitiría aumentar el presupuesto asignado a las políticas destinadas a niños, niñas y jóvenes, priorizando las políticas sociales, principalmente las destinadas a educación, recreación, deporte y cultura. Es necesario un aumento del presupuesto, con participación efectiva de las organizaciones sociales en su aplicación, destinado al real cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Constitución Nacional, la ley nacional 26.061 y la provincial 12.967, de Protección y Promoción de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes”, sentencia finalmente el comunicado que ya está en las calles rosarinas.
