COMUNICADO DE LA ASAMBLEA POR LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
Violencia es mentir
A más de un mes de iniciada la ocupación militar de las barriadas populares de la ciudad y alrededores, impulsada por los gobiernos nacional y provincial, desde la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud venimos a decir:
Que consideramos a estos megaoperativos como una medida antidemocrática que criminaliza a los sectores populares y continúa manteniéndolos excluidos de sus propios derechos. Cuando los negocios delictivos que los poderes políticos, judiciales y policiales apañaron durante más de treinta años se tornaron insostenibles por el creciente número de asesinatos y delitos vinculados al narcotráfico, se comenzó a atacar a la consecuencia de dichas problemáticas dejando de lado políticas que tuvieran en cuenta a los habitantes de los barrios marginados, principales víctimas de esta situación.
Queremos dejar en claro que es visible el debilitamiento de la relación de las instituciones estatales con los vecinos de los barrios y que la presencia de Gendarmería y Prefectura no hace más que profundizar dichas grietas. En los últimos días se dieron a conocer testimonios que dejan en claro un abuso de autoridad por parte de estas fuerzas. Los pibes y pibas manifiestan su miedo de circular por la calle, como si estuviese prohibido, porque ya han sido blanco de operativos que comienzan como averiguación de datos y finalizan con agresiones, humillaciones y amenazas. Como Asamblea no sólo repudiamos estos hechos, sino que exigimos sean investigados y sancionados como la Ley lo indica.
Con semejante despliegue militar, no se va a terminar con el narcotráfico ni todas sus ramas si sólo se realizan allanamientos a los búnkers instalados en los barrios y no se desentraman las redes económicas del negocio. Creemos que de esta forma se está alejando a los vecinos de los barrios de sus libertades, despojándolos de la pertenencia de sus territorios y de sus derechos fundamentales. Además, quedó a la vista en el transcurso de estos cuarenta días que no disminuyeron los números de asesinatos, y nuestros pibes y pibas siguen muriendo, aunque ahora se los relacione a hechos aislados.
Desde hace tiempo venimos reclamando políticas verdaderamente inclusivas que generen transformaciones favorables en la realidad de lxs pibxs. El hecho de que los gobiernos nacional y provincial se encuentren coordinando tareas finalmente, será un rasgo positivo en la medida en que ambos tomen esta problemática desde donde debe ser tomada: la desigualdad social. Entendemos que todos los habitantes del país merecen una vida digna, gozando de trabajo, vivienda, salud, educación, con una niñez y una juventud saludable que crezca aprendiendo y jugando, y no cayendo en las manos de los negocios de este sistema. Creemos que esto no puede darse mientras tanto las políticas de los gobiernos sigan apuntando sólo a satisfacer las necesidades de unos pocos.
Exigimos que se generen propuestas, se escuche a las organizaciones sociales, gremiales, políticas y culturales que día a día nos encontramos construyendo con lxs jóvenes desde distintos lugares. Exigimos presupuestos que permitan a lxs trabajadorxs que laburan a destajo diariamente en los distintos efectores, condiciones de trabajo dignas, sin precarización, con la infraestructura necesaria para abordar las distintas problemáticas que generan la desigualdad social que es la raíz del actual estado de emergencia en el que nos encontramos.
Por todo esto entendemos que para poder avanzar en un camino certero contra la llamada inseguridad es necesario empezar por diagnosticar. Es necesario asumir la inequidad social en la que nos encontramos hoy día. Es necesario declarar la emergencia en materia de niñez y juventud y acompañar a esta declaración con políticas de inclusión social, trabajando en conjunto con lxs militantes sociales y políticxs que día a día nos encontramos construyendo con lxs pibxs.
