Veintidós años después de un hecho emblemático de violencia policial, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 29 de Capital Federal condenó al ex comisario Miguel Ángel Espósito a una pena de tres años de prisión en suspenso por el delito de privación ilegal de la libertad agravada cometido contra Bulacio. El 19 de abril de 1991, Walter había sido detenido por efectivos de la Comisaría n° 35 al concurrir a un recital y murió una semana después como consecuencia de una golpiza recibida en esa dependencia.
La sentencia llega después de una ardua lucha de su familia y de los organismos de derechos humanos y las organizaciones sociales que la acompañaron en la denuncia, y con un resultado limitado al único delito que se investigó luego de todos estos años, marcados por la resistencia judicial a investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas por la policía.
El Consejo de la Magistratura tuvo la oportunidad de juzgar el desempeño de la jueza de instrucción Alicia Iermini, cuya inacción durante los 9 años en los que estuvo al frente de la investigación provocó la prescripción de la causa y la necesidad de llegar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Sin embargo, el expediente se archivó por resistencia de los consejeros y la jueza continuó en su cargo. En este sentido, el caso Bulacio es emblemático de la falta de respuesta de las instancias judiciales, sin que ello tenga consecuencias para quienes incumplen sus obligaciones.
En 2003, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino y exigió que se avance en el juzgamiento y la sanción de los responsables. En su sentencia, la Corte también había ordenado la implementación de medidas críticas para evitar la repetición de casos similares, mandato que todavía se encuentra incumplido. Una de ellas era la revisión de las leyes nacionales y provinciales conocidas como “de averiguación de identidad”, que facultan a las fuerzas de seguridad a detener personas sin orden judicial, y definir una agenda de reforma para adecuar la normativa y las prácticas a los estándares internacionales de derechos humanos. Por otro lado, muchas de las provincias argentinas continúan teniendo códigos de convivencia añejos que habilitan la detención policial sin orden judicial por figuras como el merodeo que permiten la discrecionalidad policial.
El asesinato de Walter Bulacio motivó la impugnación y movilización de la sociedad argentina frente a la violencia institucional. Sin embargo, las detenciones arbitrarias y la averiguación de identidad siguen siendo herramientas para el control –formal e informal– de ciertos grupos históricamente expuestos a persecuciones, extorsiones y violencia, como los varones jóvenes de los barrios pobres, los migrantes, los vendedores ambulantes, las personas que ejercen la prostitución, entre otros. Mecanismos de control social que se ven ratificados cada vez que se pondera la mano dura policial y la demagogia punitiva.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) entiende que es fundamental que estos temas formen parte de la agenda central de derechos humanos y que se avance en las medidas institucionales pendientes.
