El 17 de septiembre fue asesinado Inocencio Sanabria a manos de sicarios contratados por terratenientes. Sanabria pertenecía a la misma comunidad campesina del dirigente Toto Lezcano, asesinado el 19 de febrero de este año. Para comprender la situación de violencia que viven las comunidades campesinas, en las cuales seis integrantes de las mismas fueron asesinados desde el golpe de Estado que desplazó del poder al ex presidente Fernando Lugo, hay que dar cuenta de la instalación del agronegocio en Paraguay desde los años ’90, en el contexto de los gobiernos neoliberales en América Latina.
Por Leandro Segado / www.marcha.org.ar
Destitución, agronegocio, y muerte
La dictadura en Paraguay que comenzó en 1954 terminó con un “autogolpe” en 1989, por sectores afines al dictador Alfredo Stroesnner. Aquí se da un proceso de restauración conservadora, esto es, libertades civiles pero sin tocar la estructura latifundista.
Durante el proceso dictatorial se realizó la “reforma agraria” que consistió en la distribución de tierras a la oligarquía. Según los estudios realizados por la Comisión Verdad y Justicia (SERPAJ – Paraguay) desde 1954 hasta el año 2003, de todas las tierras adjudicadas en dicho periodo, el 64,1% presentaban irregularidades.
Frente a este avance, las comunidades campesinas comenzaron un proceso de auto organización y lucha, a base de la ocupación de las tierras y del enfrentamiento con las dos facciones oligárquicas (una tradicional ganadera, y la otra con tendencia hacia el empresariado moderno, el capital transnacional –con fuerte presencia de los “brasiguayos”- y el narconegocio), cuyos intereses (en apariencia) contrapuestos, resultaban funcionales a la implementación de un sistema común.
En ese contexto, las tierras de Marina Kue en Curuguaty, donde se realizó la masacre que motivó el golpe de Estado a Lugo y que habían sido apropiadas por Blas Riquelme, en estos últimos 8 años están siendo recuperadas (a través de ocupaciones) por organizaciones campesinas.
La presidencia de Lugo, culminó con la nombrada Masacre de Curuguaty en las tierras de Marina Kue el 15 de junio de 2012, donde fueron asesinados 11 campesinos y 6 policías. Fuertes sospechas hasta el día de hoy, indican que en ese enfrentamiento entre policías y campesinos, había un tercer actor que fueron los francotiradores mercenarios, que provocaron la muerte del comisario de la policía para generar caos.
El asesinato de la cabeza de la fuerza de seguridad estatal, fue la excusa para una balacera que produjo cientos de muertes y el consecuente juicio político y destitución del presidente. Los principales medios de comunicación masivos contribuyeron en la aceleración y pesaron en la legitimación de un juicio político improvisado y sin respetar el debido proceso.
En esta situación y con un vicepresidente liberal -Federico Franco- que asumió posteriormente la presidencia, se aprobó la nueva semilla de maíz transgénica y se intentó aprobar un proyecto de ley de Bioseguridad que viola todas las normas de control ambiental.
Ante un país de sicarios
Es así que el movimiento campesino, cuya población según el censo del 2002 asciende al 43% de la población, intensificó la lucha con medidas de ocupación de tierras, en el marco de una criminalización por parte de Federico Franco y luego del nuevo presidente conservador Horacio Cartes (a quien se lo vincula con el narcotráfico).
Los seis muertos campesinos luego de la Masacre de Curuguaty, casualmente líderes de sus comunidades, y con un poder judicial que se “declara incompetente” para darle vía judicial e investigar estos casos, es la cruda realidad de hoy en Paraguay como en tantos otros sitios de la región, donde el negocio lo pagan las vidas de quienes vivieron en esas tierras durante siglos.
Sin embargo, y ante la connivencia de los sectores políticos y las trasnacionales, la lucha histórica por la tierra en contra de los agrotóxicos y el monocultivo (según el censo agropecuario de 2008, el 73% de la superficie cultivada es soja), está hoy muy vigente en Paraguay. Esta disputa se da desde trincheras diversas: desde movimientos estudiantiles como CREAR y desde organizaciones campesinas feministas e indígenas como CONAMURI, que encarnan la anuente y necesaria tarea de dar la batalla, cuerpo a cuerpo, y enfrentar la difícil época que atraviesa la región.
