La construcción de este inmenso proyecto sociocultural, único en Latinoamérica, llevó décadas. Mucho más tiempo que su escalofriante destrucción por parte de la última dictadura cívico militar. La Biblioteca Popular Vigil llegó a tener 20 mil socios, 6 mil empleados, educación en todos los niveles, observatorio astronómico, sellos editorial y discográfico, entre otras tantas realizaciones dignas de un barrio organizado. 36 años después del sistemático saqueo, los inmuebles volvieron a manos de los socios y están en marcha los juicios por delitos de lesa humanidad, incluyendo la figura de genocidio cultural. enREDando estuvo en Gaboto 450 y conversó con referentes de la Comisión Directiva.
Por Vivi Benito
Contagia el entusiasmo con el que habla Checha. Sus palabras dicen tanto como el brillo de sus ojos, las finitas cejas y manos arrugadas, que se embalan con cada idea, dándole más fuerza.
En 1958, con apenas 17 años y el título de maestra recién estrenado, fue la primera bilbiotecaria a sueldo que tuvo la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil. “Tenía un sueldito por cuatro horas diarias, a la tarde. Era un muy lindo trabajo. Y como ahora, empezamos de la nada”, me dice, apoyada sobre una mesa destartalada, mientras acomoda papeles.
Desde aquel trabajo, donde se metió con cuerpo y alma en la construcción de La Vigil, Antonia “Checha” Frutos, vive en el barrio Tablada. Por estos días sigue dedicando gran parte de su tiempo a las tareas de completar fichas de socios, ordenar papeles, recibir consultas y propuestas de vecinos, emprendedores y artistas interesados en participar de la recuperación de esta institución, intervenida por los militares en 1977 y vaciada sistemáticamente.
Se me anuda la garganta al recorrer las instalaciones de Gaboto 450, la imagen es la de un lugar arrasado. Muebles y vidrios rotos, paredes destruídas, pisos arrancados. Afuera, en pasaje Perkins un mural del Colectivo de Ex Presos Políticos recuerda a los 26 compañeros/as desaparecidos. Quizás sea esta sensación de impotencia y tristeza la que hace más grande mi admiración por el entusiasmo que muestra Checha y todas las personas que están trabajando para volver a llenar de vida este lugar.
Son alrededor de 4 millones de pesos los que se necesitan para acondicionar el edificio. Probablemente parte de ese importe lo recuperen cuando se dicte la sentencia de las causas de lesa humanidad -por los delitos patrimoniales- que se están tramitando en los Tribunales de Rosario. Mientras tanto, acá está de nuevo el barrio con escobas, espátulas, baldes y lijas. Y también muchos artistas populares que suman danzas, música y poesía a las jornadas solidarias de los días sábados.
“Es muchísimo lo que hay para hacer. Si lo pensamos mucho no hacemos nada. Hay que empezar a hacer. En la medida que la gente trae ideas y proyectos, se va viendo y se van llevando a cabo. Por ejemplo, un grupo de chicos jovencitos del barrio hace juegos de mesa y de ingenio muy interesantes, les vamos a dar un lugar para que desarrollen el proyecto porque no tienen donde desenvolverse”, cuenta Antonia.
Entre las áreas que ya empezaron a funcionar están las de Derechos Humanos, Archivo y Archivo Histórico, donde trabaja un profesional que viene exclusivamente del Museo de la Memoria de Santa Fe. “Es un trabajo bastante complicado, la idea es hacer un archivo histórico con todo material que se está encontrando. A su vez está el armado del archivo actual de socios”, la campaña de afiliación está abierta y el costo es de sólo 15 pesos por mes.
Por otro lado, la Comisión Nacional de Bilbiotecas Populares (Conabip) ya reconoció los derechos plenos de la Vigil.
Devolución y restitución de los bienes
Por su impronta emancipatoria y popular en términos pedagógicos y políticos, la Vigil fue un blanco perfecto para el plan sistemático de exterminio que el terrorismo de Estado impuso en nuestro país entre 1976 y 1983. En febrero de 1977 la institución (que sumaba 20 mil socios), fue intervenida y, desde entonces, vaciada y liquidada.
Hoy, después de 36 años, y de sostenidos reclamos, los vecinos, ex socios, ex alumnos y la Comisión Directiva, lograron la posesión de las instalaciones. La Ley provincial de restitución -sancionada en 2012- establece el 6 de diciembre como fecha tope para escriturar todos los bienes a nombre de la Mutual, según la normativa, el plazo es improrrogable.
“Recién en julio de este año nos dieron la posesión de lo que es Gaboto 450. Logramos que se apruebe una Ley Provincial a través de la que se restituyen los bienes que la provincia, en ese momento gobernada por civiles y militares golpistas, le compra a los civiles y militares que habían intervenido la institución y nuestros bienes”, nos explica el abogado Marcelo Abaca, presidente de la Comisión Directiva.
En Gaboto 450, hasta mediados de 2011 funcionó el Ministerio de Educación de la provincia. En la manzana donde se alza este enorme edificio de seis plantas actualmente funcionan siete instituciones provinciales. “Nosotros no queremos que se vayan, sino que paguen un alquiler mensual”, describe Abaca, refiriéndose a las escuelas de Teatro, Cine y Artes Visuales, las escuelas primaria y secundaria, los jardines Maternal y de Infantes, y la biblioteca pedagógica Eudoro Díaz.
“Está hecho el planteo a la provincia, no tienen fondos para mover toda esa estructura, nos han dicho que se quieren quedar y nosotros no queremos que se vayan. La idea es poder articularnos para complementar la educación primaria y secundaria, dándoles a los chicos todo lo que no reciben en la currícula oficial. Queremos trabajar el sentido de pertenencia, para eso los chicos tienen que saber donde están yendo, la historia del lugar. Acá se parceló, nadie tiene idea de lo que pasa al lado”, analiza Abaca parte de las consecuencias culturales y simbólicas que dejó el Terrorismo de Estado y el neoliberalismo.
En la Vigil, además de todos los niveles de enseñanza laica y pública -desde jardin maternal a la universidad del pueblo-, funcionó un museo de ciencias naturales, observatorio astronómico; la institución tenía también 39 hectáreas en Villa Gobernador Gálvez. “Esos terrenos no se incluyeron en esa operación militar, pero después, en 1995 fueron vendidos por parte de esta intervención -y en plena democracia- a Pedro Gonzalez, con un crédito que le da Carlos Reutemann por 500 mil dólares para la cosntrucción de viviendas sociales. De esas 39 hectareas, 9 le vende Gonzalez a Paladini, que amplía su planta. Y en las otras 30 hoy hay asentamientos, no se hizo absolutamente nada hasta ahora”, señala Abaca.
“Vamos a ir por la restitución de esos bienes, ahora estamos trabajando para que se vuelva a generar la comunidad de socios, la organización, es muy complejo todo lo que hay que hacer. La Vigil cuando es intervenida tenía 45 propiedades, no sólo en Rosario, tenía sede propia en Mendoza, San Juan y Santa Fe. A su vez se estaba construyendo un edificio en calle Salta al 1400, porque pensaban entregar departamentos en las rifas. Ese edificio también se lo robaron”, enumera parte del obsceno vaciamiento sufrido.
Cabe recordar que una de las principales fuentes de ingreso de esta institución autogestionada fueron las rifas, las cuales se pagaban en cuotas durante dos años y contemplaban premios como autos, heladeras y cocinas. Al producirse un proceso inflacionario como el Rodrigazo, el gobierno militar encontró la excusa perfecta para intervenirla y “normalizarla”.
“Con el Rodrigazo llega un momento que no se tienen los premios para entregar a la gente, se produce un desfasaje desde lo financiero pero no en lo patrimonial, porque había patrimonio suficiente para resolverlo. Esa es la excusa que toman para intervenir, argumentando que había un atraso en los pagos de premios. Acá jamás hubo una denuncia ni imputación por fraude, lo que hicieron fue iniciar una normalización en febrero del 77 y a los 30 días la transforman en liquidación. Esa liquidación tiene 35 años de trámite, es la más larga de la historia del Instituto Nacional de Economía Social (INAES). Mientras tanto la van saqueando, le sacan toda la plata. A valores actuales son alrededor de 60 millones de dólares”, señala el abogado, ex alumno de la Vigil, que cursó los dos últimos años del secundario con los militares paseándose por los pasillos.
Delitos de lesa humanidad: Causas abiertas
El 21 de agosto nuestro país celebró los 10 años de la nulidad de las leyes de impunidad (Punto Final y Obediencia Debida), histórica decisión del Poder Ejecutivo, a cargo del entonces presidente Néstor Kirchner y del Congreso Nacional, que posibilitó abrir los procesos de enjuiciamiento contra los responsables militares y civiles de terrorismo de Estado. Actualmente «son 415 los represores condenados en todo el país por crímenes de lesa humanidad y 400 los juicios que están en marcha, según datos de Pagina12.
En el marco de la causa Feced en los Tribunales Orales Federales de Rosario, se tramita la causa vinculada a la denuncia personal de ex miembros de la Comisión Directiva de la Biblioteca, por los delitos de “privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas cometidos contra ocho miembros de la CD”. A su vez está el caso de Celina Duri, actual vicepresidenta de la CD, quien a los 9 años, con su papá detenido (Augusto Duri, presidente de la biblioteca hasta febrero de 1977) fue interrogada por Telmo Alcides Ibarra, integrante de la patota de Feced.
En julio de este año la institución se presentó como querellante, denunciando una figura novedosa para la justicia contemporánea: la de genocidio cultural. La presentación se hizo a partir de entender que el terrorismo de Estado atacó y destruyó un modo de ver la vida, una forma de vivir de una comunidad determinada. “Vigil con 20 mil socios atravesaba a todo el barrio, a todas las familias, había desde chicos en el jardin maternal a jóvenes en la Universidad Popular, en definitiva era una cosmovisión puesta en práctica, que en realidad venía a romper con el sistema. Y cuando vos sos antisistema te atacan”, detalla Marcelo Abaca.
En Argentina no hay antecedentes judiciales de condenas con una figura de estas características. “Dentro de la misma causa Feced, en paralelo se investigan los delitos económicos, que son también delitos de lesa humanidad. Para nosotros componen también esta figura de genocidio cultural, por la relevancia. La escuela que genera Vigil, como modo de construir al sujeto como a la sociedad que lo rodea. Se atacó a una comunidad por sus formas, por su cultura”, continua Abaca.
La causa está en manos de la Fiscalía a cargo de Gonzalo Stara, que se la derivó al juez Bailaque. “Ya declararon unos 50 testigos, se han ordenado medidas, como la incorporación de todo el expediente de liquidación donde surge el vaciamiento de la entidad. Se ha oficiado a organismos del Estado provincial para que informen quiénes fueron las personas que figuraron a partir de un momento determinado en la institución trabajando. Se están tomando todas estas medidas para concluir después en la imputación correspondiente y el pedido de elevación a juicio”, señala Abaca.
A 36 años del escalofriante saqueo económico y cultural de la Vigil, se encienden luces en el camino: “Yo siempre digo que estoy sembrando futuro. No sé si voy a ver completado el sueño de la recuperación de la Vigil, pero estoy asistiendo al reinicio, y eso es muy importante. Es maravilloso ver a tantos jóvenes con ganas de hacer cosas. Se han puesto a pintar, a rascar paredes, los techos, es impresionante. Recuperar material de archivo, sillas, escritorios, armarios. Además de que nos traen la alegría de la gente joven, la música, las canciones, muchos son artistas plásticos, hay psicólogos, bailarines, es una mezcla, como en la vida”, señala Checha, desde sus 72 juveniles años y con un entusiasmo que contagia.
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