En el marco de las reuniones preparatorias que impulsa la Secretaría de Genero e Igualdad de Oportunidades, Liliana Leyes, de CTA Rosario, dialogó con ACTA sobre la situación de las mujeres de la provincia de Santa Fé y cuales son las principales actividades que llevan adelante como colectivo de mujeres y en vistas a la consulta popular por los bienes comunes, campaña que encabeza la CTA Nacional.
Por Melissa Zenobi, publicado en Agencia ACTA
-¿Cuáles son las principales luchas que llevan adelante como colectivo de mujeres en Santa Fe?
Tenemos un hilo conductor que es pelear por la equidad, la justicia y la libertad. En ese sentido, la equidad en cuanto al trabajo, a la precarización laboral y todo lo que venimos padeciendo. Porque las mujeres somos quienes más bajos salarios tenemos, quienes más precarizadas estamos, somos las barrenderas en los municipios de la provincia. Y además padecemos la doble explotación: después de trabajar en nuestras casas, salimos a trabajar afuera. Somos productoras y a la vez cuidadoras de nuestros hijos que van a ser los hombres y mujeres del mañana.
También estamos laburando las cuestiones de violencia y trata, estamos en una provincia que es una de las más rica, con mayor exportación, tiene más de 33 terminales, de allí salen todos los monocultivos al mundo. Nosotras siempre decimos que el camino de la trata es equivalente al camino de la soja, porque todo lo que tiene que ver con este tipo de plantaciones, produjo una pobreza extrema en toda Santa Fé, donde las mujeres son victimas de trata y victimas de una violencia estructural.
-¿Cómo se aplica la emergencia en violencia de género conseguida por las organizaciones populares en Rosario?
La mayor cantidad de casos de feticidios fueron en Santa Fe y la mayor parte fueron quemadas, lo cual habla de una violencia extrema. También, como mujeres trabajadoras, venimos tratando que en los reclamos de todos los sindicatos y en las peleas paritarias se consiga la licencia por violencia de género. Casi ningún organismo del Estado tiene esta licencia y queremos que se tome en cuenta. Es un derecho y a la vez es muy útil para que se oficialicen los datos y se conformen estadísticas que hasta ahora no existen. De esta forma se sabría cuantas trabajadoras hay violentadas, se van a generar estadísticas y se puede hacer un seguimiento de la situación de la compañera.
Con respecto a la Emergencia, estamos trabajando muy fuertemente en proyectos que lleven a la practica esto. Porque fue muy positivo haberlo ganado pero aún no vemos resultados, no hay un presupuesto que le dé un marco. Estamos pidiendo refugios, porque solo existen 3 en toda la provincia, queremos gabinetes de psicólogas y abogados que estén al servicio de este tipo de causas, queremos conformar un CAJ que es un Centro de Atención Judicial especial para la mujer. Todos estos son proyectos que queremos impulsar a través de la emergencia.
-¿Cómo avanzan las actividades en el marco de la Campaña hacia una consulta popular de los bienes comunes?
Tenemos compañeras que están exclusivamente abocadas a esto, participan también en la UAC. Nosotros somos una provincia altamente sojera, el caso de los pueblos fumigados es muy importante trabajarlo. Porque no solo trae enfermedades, sino también contamina las aguas de las escuela a las que nuestros chicos van a estudiar. Desde la CTA se está trabajando en los equipos de salud laboral, junto a la universidad se analiza esta agua de las escuelas rurales. Ya hemos comprobado la toxicidad del agua, pero ellos insisten en plantar soja y cada vez más. Por eso para nosotros, trabajar bienes comunes es pelear por una vida sana y plena.
Foto: Juan Carlos Olea
