Se presentó en Rosario “Grietas en el silencio”, una minuciosa investigación realizada por Cladem e Insgenar sobre la violencia sexual ejercida durante el terrorismo de Estado. El objetivo de este libro es primordial: que los delitos contra la integridad sexual sean reconocidos como crímenes de lesa humanidad. En un hecho histórico en Rosario, la Justicia Federal consideró por primera vez, a la violencia sexual como un delito autónomo al solicitar la indagatoria del represor Mario Marcote, a partir del testimonio de Stella Hernandez, querellante en la causa Diaz Bessone. “Solicitar que la violencia sexual sea un delito de lesa humanidad fue liberador y espero que sirva para abrir el camino a otras voces, a otros testimonios que no lo han podido decir”, expresó, en un emotivo acto, la actual secretaria gremial del Sindicato de Prensa Rosario. Allí estuvo enREDando.
Por María Cruz Ciarniello
“Grietas en el silencio no es un libro más. Es un libro que nos dá fundamentos, teorías, un marco académico, para entender y para avanzar en el reclamo de justicia. Hoy es un día especial, y no creo en la casualidad. Se realiza la presentación de este libro en el momento en que el juez federal Marcelo Bailaque indagó al represor Marcote a quien yo denuncié por el delito de violación y lo indaga en el marco de un delito de lesa humanidad que fue lo que reclame hace un año cuando declaré ante el Tribunal Federal. Este tribunal lo derivó al juez Bailaque. Acá hubo mucho trabajo de las abogadas, las familias y de nosotros, sin los testimonios esto tampoco hubiese sido posible. Si no lo decimos, sino lo contamos, sino reclamamos es imposible que pueda llegar a la justicia. No es sencillo hacer esto de una manera individual. Esto es un logro”.
Las palabras entrecortadas se deslizan del testimonio de Stella Hernandez, actual secretaria gremial del Sindicato de Prensa Rosario, sobreviviente del centro clandestino de detención que funcionó en el Servicio de Informaciones de Rosario y querellante en la causa Díaz Bessone.
Sus palabras, su emoción, la indiscutible fortaleza de su mirada, colmaron una sala que la escuchaba en un respetuoso y conmovedor silencio. El Museo de la Memoria de Rosario fue el lugar elegido para la presentación de “Grietas en el silencio”, un verdadero hallazgo de investigación sobre la violencia sexual en el marco del terrorismo de Estado. Un arduo, intenso y profundo trabajo de recolección, tratamiento y análisis de testimonios y documentos que dan cuenta de lo que significó la violencia sexual durante la última dictadura militar. Un acto de escucha por parte de las seis autoras de este libro: Analía Aucía, Florencia Barrera, Celina Berterame, Susana Chiarotti, Alejandra Paolini y Cristina Zurutuza.
Pero además, este libro, publicado en conjunto por Cladem e Insgenar, se presentó públicamente en un día que simboliza un acto de justicia. Por primera vez en Rosario, el juez federal Marcelo Bailaque consideró a la violencia sexual cometida durante el terrorismo de estado como un delito de lesa humanidad. Bajo esta imputación solicitó el pasado 10 de noviembre la indagatoria de Mario Alfredo Marcote, alias el Cura, quien actualmente está siendo juzgado en la causa Díaz Bessone y quien fuera denunciado por Stella Hernandez en su declaración ante el Tribunal Oral Federal N° 2 al asegurar haber sido violada por este represor que operó en el Servicio de Informaciones de Rosario.
Este hecho no tenía antecedentes en la ciudad y tan solo uno en el país: “la sentencia contra Gregorio Molina, que en junio del año pasado produjo el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. Molina es un ex suboficial de la Fuerza Aérea que fue condenado a prisión perpetua por diversos crímenes, entre los cuales se encuentran cinco violaciones agravadas y una tentativa del mismo delito, cuyas víctimas fueron dos detenidas. Durante el juicio, se probó que Molina fue autor directo del delito de violación sexual. El Tribunal sostuvo que “era habitual que las mujeres ilegalmente detenidas en los Centros Clandestinos de Detención fuesen sometidas sexualmente por sus captores o guardianes o sufrieran otro tipo de violencia sexual. Las violaciones perpetradas, como se dijo, no constituían hechos aislados ni ocasionales, sino que formaban parte de las prácticas ejecutadas dentro de un plan sistemático y generalizado de represión llevado a cabo por las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar”. (Nota Las 12, por Sonia Tessa).
Sin duda, el testimonio de cada una de las víctimas es un aporte indispensable para la visibilización de un delito autónomo como lo es la violencia sexual. La sistematicidad con la que fueron perpetrados estos delitos en los centros clandestinos de detención es un rasgo que desecha la idea de “eventualidad” con la que el Poder Judicial, en algunas causas, ha impedido avanzar en el juzgamiento de hechos que representan la más extrema forma de violencia hacia hombres y, especialmente, mujeres, quienes por su condición de género fueron las que padecieron con mayor ensañamiento y humillación, las distintas formas de violencia sexual.
Reconocerlo como un crimen de lesa humanidad no es ni ha sido fácil. Y para lograr esto, las víctimas y los abogados/as de las organizaciones de derechos humanos han tenido un rol fundamental. El 9 de febrero del año 2010, Cladem e Insgenar presentaron, a partir de un pedido de los abogados de la Agrupación Hijos Rosario, un Amicus Curie en la causa Riveros donde se investigaba los delitos cometidos en el circuito de Zárate Campana. Lo que solicitaban era, precisamente, que la justicia considere los delitos contra la integridad sexual como crímenes de lesa humanidad. “Las dificultades que observamos en el aparato judicial para receptar este reclamo –prejuicios y falta de sensibilidad, mayores exigencias para probar la violación sexual que para probar la tortura, negativa a aceptar la responsabilidad mediata en casos de violación sexual, entre otros-nos impulsaron a avanzar en el estudio de casos similares”, explica la Dra. Susana Chiarotti en la introducción de “Grietas en el silencio”.
Así nace una investigación sustentada sobretodo, en la valentía de dieciocho víctimas que decidieron aportar su testimonio en cinco provincia del país; , además del análisis y una revisación rigurosa de la legislación y la jurisprudencia nacional e internacional. “En nuestra búsqueda hemos constatado graves hechos de violencia sexual ocurrida en todos los centros clandestinos de detención: desnudez forzada de varones y mujeres, esclavitud sexual, violación sexual, abusos sexuales reiterados y numerosos actos destinados a humillar y degradar a detenidas y detenidos. Si la justicia minimizara o dejara de investigar y sancionar estos hechos estaría enviando un mensaje equívoco a la sociedad, lo que fomentaría la impunidad y la discriminación, además de no mostrar la verdadera imagen de quienes estuvieron a cargo de la represión ilegal”, puntualiza la presidenta del Insgenar.
Romper el silencio
“Hay compañeras que no lo van a poder decir nunca”, dice Stella. Habla, relata. Expresa, como puede, una contradicción que la invade: por un lado la satisfacción de ver que finalmente, el “violador serial” que ella acusó con un enorme coraje en su testimonio está, por primera vez, siendo indagado y posiblemente procesado, por delitos de violencia sexual. Al mismo tiempo, es un dolor. Una llaga que lacera en esas heridas abiertas de cada una de las mujeres y de los hombres que atravesaron el terror sexual con sus cuerpos. Sus cuerpos marcados, también y terriblemente, por el silencio que durante años pesó, acalló, grilló, a la gran mayoría de las víctimas de la dictadura militar. “Una de las dificultades con que topa el reclamo de justicia para estos crímenes es la resistencia de muchas de las personas víctimas de esos vejámenes para hacerlos públicos”, explica Marta Vasallo. Por su parte, Analía Aucía en su artículo también se refiere al silenciamiento de la violencia sexual: “Existen varios factores que contribuyen a ese mutismo profundo, algunos de ellos están en dependencia con el sentido cultural de la sexualidad y el carácter que socialmente adquiere la violencia sexual. Los sentimientos de culpa, humillación y vergüenza son dominantes y generan que las víctimas silencien y oculten esos hecho tan graves de vulneración de sus derechos humanos. (…) Por otra parte, ese silencio tiene otro factor que lo nutre y radica en las responsabilidades que tiene el Estado de investigar y juzgar la violencia sexual. (…) La inacción del Estado frente a la persecución de estos graves delitos, en particular del Poder Judicial, fabrica una relación de complicidad con los represores desde el momento en que sus crímenes sexuales no son investigados ni ellos son juzgados y condenados”.
Stella Hernandez, quizá una de las urgentes voces que han marcado una grieta en el silencio oscuro y penetrante, dice: “Si había algo que me molestaba era pensar que cuando él (Marcote) estaba en el Tribunal, muchas compañeras no podían denunciar lo que este tipo había hecho, yo lo califiqué como un violador serial. Y yo sentía que había una doble impunidad: él estaba frente a sus víctimas que no lo podían denunciar. Seguía siendo impune. Entonces, sentí que pedir que la violencia sexual sea un delito de lesa humanidad fue liberador y espero que sirva para abrir el camino a otras voces, a otros testimonios que no lo han podido decir. No es sencillo sentarse ante un tribunal, testimoniar ante la prensa, la sociedad, es muy complejo y difícil. Hemos pasado por un trauma, una catástrofe que no es individual. Nos pasó como sociedad, a todos. De este trauma, solo se sale con la reparación que nos dá la justicia.”
A su vez, el esfuerzo personal y colectivo de las investigadoras y militantes feministas para realizar esta investigación ha sido fundamental: encontrar, buscar y escuchar los testimonios desgarradores de las víctimas.
“La requisa la teníamos cada quince días. Nos hacían desvestir, lo que hacían te levantaban los pechos, te tocaban y te abrían los cachetes, la cola. En muchos casos, te querían meter la mano adentro de la vagina.”
“Fui violada por más de 20 hombres, tres y cuatro veces al día. No eran los mismos. Respiraban distinto, olían distinto y hasta insultaban diferente. Ni siquiera podía bañarme.”
Sin duda, “la violencia sexual en el marco del terrorismo de Estado fue perpetrada en todos los espacios posibles. Allí también hubo un continuum: se violaba, desnudaba, manoseaba, acosaba, abusaba, etc, desde el primer momento de detención, en los CCD, en las cárceles, y, posteriormente, luego de la “liberación”, escribe y detalla la abogada Analía Aucía, quien, en la presentación del libro, manifestó: “es un trabajo que está basado en el dolor. Agradecemos la valentía de estas mujeres y de estos hombres que han podido dar su testimonio”. “Decidimos iniciar esta investigación que tuvo como objeto indagar en la magnitud y las características que tuvo la violencia sexual durante el terrorismo, y obviamente, el principal y único objetivo es incidir en la sociedad, en las víctimas y principalmente en los operadores de justicia para que puedan visibilizar la violencia sexual, incorporar la perspectiva de género e investigar y sancionar a los responsables de estos delitos y reparar legalmente a las víctimas”
“Grietas en el silencio” aporta herramientas teóricas, políticas y legales. El recorrido de la investigación traza un amplio y minucioso análisis de la construcción de género, los contextos represivos, las políticas de terror, la jurisprudencia nacional e internacional y las repercusiones subjetivas de la violencia sexual en hombres y mujeres.
El libro es una grieta, un foco de resistencia, una luz que intenta iluminar una historia marcada por el terrorismo sexual y el silencio que imperó durante y después de la última dictadura cívico militar. “La violencia sexual a la que fueron sometidas las víctimas del terrorismo de Estado que operó en Argentina ha sido silenciada por muchas de ellas y fundamentalmente por el sistema de justicia que no investigó ni sancionó esa forma específica de violencia, con claras connotaciones de género. Esta investigación se propone romper el silencio institucional y social que ha envuelto a estos delitos, con el propósito de que sean considerados delitos autónomos de lesa humanidad y parte integrante del plan de represión clandestina y de exterminio. El Estado y la sociedad en su conjunto aún tienen una deuda pendiente con las víctimas”, señalan las autoras.
“La palabra nos dá liberación”, expresa Stella Hernandez. “Estos libros nos ayudan a poder entender, elaborar y pensar cómo pasó y cómo salimos de esto”, dice. Agradece a las investigadoras, a las organizaciones feministas , a los incasables abogados de derechos humanos. Recuerda aquel infierno que atravesó junto a sus compañeras. Solo el abrazo entre ellas era lo humanamente posible allí dentro, sentencia.
Ella sabe, y sus compañeras también, que únicamente la Justicia podrá otorgarles la reparación que todavía esperan.
