Nota publicada el 17/9/2010. Consultado por enREDando, el Dr. Alejandro Oliva expresa la necesidad de ampliar la discusión más allá del uso del glifosato. El investigador coordinó una investigación en cinco localidades rurales de la provincia de Santa Fe expuestas durante 50 años a la explotación agrícola. El informe reveló una incidencia mayor a los niveles de la media nacional de cánceres de testículos y ovarios y malformaciones uro-genitales en niños. A más de 6 años, nada se hizo desde los distintos niveles de gobierno, para profundizar en los resultados de esta preocupante investigación.
Panorama
Actualmente, más de 18 millones de hectáreas de suelo argentino están sembradas con soja transgénica, resistente al herbicida comercializado por la multinacional Monsanto cuyo nombre comercial es el Roundup Up, producido a base de glifosato. La Siembra Directa de soja consume entre 180 y 200 millones de litros anuales de este herbicida que, combinado con sustancias altamente tóxicas conocidas como coadyuvantes o surfactantes, Endosulfán, 2,4 D y detergentes que facilitan la penetración del ingrediente activo en la tierra y aumentan su poder destructivo, se utiliza para fumigar vía terrestre y aérea las inmensas extensiones de tierra minadas con el monocultivo sojero.
“La creciente expansión de los monocultivos de soja a lo largo de los últimos años ha barrido con los tradicionales espacios verdes que rodeaban los pueblos. Esos corredores estaban constituidos por montes frutales, criaderos de animales pequeños y chacras de pequeños agricultores. Ahora, mientras escasean los alimentos, los monocultivos llegan a las primeras calles de las localidades y las fumigaciones impactan sobre las poblaciones”, expresan las organizaciones sociales que integran la Campaña “Paren de Fumigar”.
En la provincia de Santa Fe, corazón de la Pampa Húmeda, el mapa del modelo sojero es realmente preocupante. En el Informe “Pueblos Fumigados” realizado por la Campaña en el año 2009, se afirma que “actualmente, en las zonas centro y sur de Santa Fe el 85 – 90% de la superficie esta cultivada con soja y se presentan problemas muy extendidos de degradación y erosión de suelos. En la zona central, la soja ha desplazado al tambo con el consiguiente efecto sobre la mano de obra ocupada. Un fenómeno similar ocurre en la parte norte de la provincia, con el desplazamiento del algodón por la soja.”
En Santa Fe, la reforma de la Ley 11.273 de Fitosanitarios cuenta con media sanción en Diputados y establece fijar el límite impuesto para las fumigaciones terrestres dentro de los 500 mts y las aéreas en 1000 mts. Sin embargo, la discusión ha perdido peso en la Cámara Alta y los fuertes intereses económicos, agroindustriales y políticos diluyen la posibilidad de lograr su definitiva aprobación.
En este sentido, el Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat) solicitó, mediante un petitorio al gobierno provincial, que hasta tanto no se avance en este proyecto de ley, se aplique un principio precautorio y se decrete para todas las localidades del territorio provincial la aplicación del área de seguridad impuesta por la Justicia en el barrio Urquiza de San Jorge, prohibiendo las fumigaciones terrestres y aéreas a 800 y 1500 metros respectivamente. “Más de 12.000 santafesinos avalan esta propuesta y así consta en las firmas que obran en nuestro poder y que el Ejecutivo no ha querido recibir, a pesar de los dos pedidos de audiencia que hemos solicitado. Toda demora significa la aparición de nuevos casos. Urge tomar una decisión y la misma está en las manos del gobernador. Toda demora injustificada sin bases sólidas, significará cargar las consecuencias sobre las espaldas de la población.”
El principal argumento que esgrimen las entidades agrarias y sectores políticos para frenar el tratamiento de la reforma es que, por un lado, se carece de un estudio científico serio que determine los efectos negativos del glifosato en la salud de la población y que, por otra parte, de aprobarse este proyecto se perderían miles de kilómetros de tierra productiva. Por el contrario, las cientos de voces de las organizaciones proteccionestas, ambientalistas y las comunidades que residen en las zonas cercanas a los polos agrarios denuncian un efecto devastador en la salud humana. Según el informe Pueblos Fumigados, en la localidad de Las Petacas, ubicada a a 200 km al suroeste de la ciudad de Rosario, con casi un 80% de su población que vive de la producción agrícola, un relevamiento epidemiológico arrojó que en los últimos 10 años se detectaron 42 casos de cáncer en 800 habitantes y 400 personas con alergias varias. Además, según afirman los vecinos, el agua que consume el 20% de la población, de origen humilde, no es apta para el consumo humano. “Encontraron aguas contaminadas con arsénico, nitratos y nitritos y en una excavación se ha encontrado agua fosforada (los agroquímicos son fosforados)”. También denunciaron que “no se respetan los límites de fumigación ya que lo hacen en campos lindantes al pueblo y los pulverizadores y las camionetas con agroquímicos circulan por las calles del pueblo.”
Investigaciones
Recientemente, los estudios de investigación realizados por el Laboratorio de Embriología Molecular del Conicet-UBA, cuyo director es el investigador Andrés Carrasco, demostraron que a dosis mucho menores (1500 veces inferiores) que las que se utilizan habitualmente para la fumigación, el agrotóxico de Monsanto provoca en embriones de anfibios, malformaciones y alteraciones neuronales, trastornos intestinales y cardíacos.
Según nota publicada en el diario Página 12 con fecha 13/10/2009, la investigación subraya que “los embriones fueron incubados por inmersión en diluciones con un milímetro de herbicida en 5000 de soluci[on de cultivo embrionario, que representan cantidades de glifosato entre 50 y 1540 veces inferiores a las usadas en los campos de soja. Se produjo disminución de tamaño embrionario, serias alteraciones cefalíacas con reducción de ojos y oídos, alteraciones en la diferenciación neuronal temprana con pérdida de células neuronales primarias”. El trabajo tuvo dos tipos de experimentación: inmersión en solución salina y por inyección de glifosato en células embrionarias. En ambos casos, afirma el artículo periodístico, “los resultados fueron rotundos”.
Por otro lado, las diluciones recomendadas para la fumigación oscilan entre el 1 y el 2% de la solución comercial, “pero en el campo es sabido – incluso reconocido por los medios del sector- que las malezas a eliminar se han vuelto resistentes al agrotóxicos, por lo cual los productores sojeros utilizan concentraciones mayores. El estudio afirma que en la práctica cotidiana las diluciones varían entre el 10 y el 30%”.
Por su parte, el ingeniero agrónomo Alberto Lapolla, una de las voces más reconocidas en éste ámbito y paradójicamente una de las menos escuchadas, afirma en un artículo publicado en un boletín digital, que los estudios impulsados a pedido de la Presidenta de la Nación durante el conflicto con el campo y realizados por el Conicet, fueron realizados, bajo la designacion del Ministero de Ciencia y Tecnologia Lino Barañao por una “comisión ad hoc por fuera de los concursos habituales para un estudio de esta complejidad.”
Según Lapolla, el informe “concluyó un galimatías político – científico donde en una página se asegura que bajo condiciones de uso responsable, entiendiendo por ello las condiciones de uso autorizadas por las normas vigentes y cumpliendo con la adopción de buenas prácticas para su aplicación, el glifosato y sus formulados no implicarían riesgo para la salud humana o el ambiente”. Sin embargo, sostiene Lapolla, “el informe no concluye en ninguna parte que el glifosato y sus formulados no implicarían riesgo para la salud humana y el ambiente”. Por otra parte, el artículo subraya que “a cargo de este estudio, estuvo el Ing. Claudio Ghersa que fue uno de los principales impulsores del modelo sojero a través del núcleo monsantiano de la Facultad de Agronomía de la UBA.”
Al mismo tiempo, Lapolla remarca que el Conicet no convocó para la realización de esta investigación a la gran cantidad de científicos que dentro de las estructuras académicas del país vienen trabajando hace tiempo por su cuenta, demostrando que el glifosato, sus coadyudantes y demás tóxicos del complejo sojero son responsables de enfermedades que padecen las poblaciones cercanas a las pampas sembradas con sojaRR. Así como tampoco consultó a los grupos de médicos que en todo el país, entre ellos el Doctor Alejandro Oliva del Hospital italiano de Rosario, están denunciado el aumento de casos de cáncer, nacimientos con malformaciones y abortos espontáneos en estas zonas.
El informe Oliva: la voz consultada por enREDando
Una de las voces especializadas que consultó enREDando es la del Doctor Alejandro Oliva, Director de Andrología del Hospital Italiano de Rosario, quien coordinó un informe de investigación multidisciplinario que tuvo como objetivo describir las relaciones entre salud reproductiva y factores ambientales en poblaciones rurales, caracterizada por aspectos ambientales particulares.
Para ello se evaluaron tres variables: relación de nacimientos masculinos/femeninos; incidencia de malformaciones uro-genitales masculinas (hipospadias y criptorquidias); e incidencia de cánceres hormono-dependientes. “Se seleccionaron cinco comunidades rurales de la Pampa Húmeda de Argentina, comparándose los datos obtenidos con medias nacionales. Los datos bio-médicos y las fuentes ambientales de riesgo fueron relacionados entre sí a través de un sistema de geo-referenciación. La relación de nacimientos no mostró significación. Las malformaciones presentaron una muy significativa incidencia. Los cánceres hormono-dependientes presentaron incidencia mayores a las medias nacionales, particularmente en algunas de las comunidades estudiadas. Se concluye que existe una relación entre condiciones de salud reproductiva y factores ambientales en esta región.”
Bigand, Carreras, Máximo Paz, Alcorta y Santa Teresa fueron las localidades donde se centró la investigación, debido a la alta explotación agrícola que estas zonas tuvieron en los últimos 50 años y la exposición a diferentes agroquímicos.
En diálogo con enREDando, Oliva afirma: “En lo poco que pudimos hacer, observamos muchos más cánceres, sobretodo digestivos, que no sabemos si son causados por los agroquímicos, porque nosotros no tuvimos fondos para medir moléculas. Encontramos mucho más de dos tipos de malformaciones urológicas en los chicos y pudimos ver con sistemas de geo referenciación que el 90% de estos casos estaban dentro de los 300 metros de los posibles focos de riesgo: zona de acopios de granos, viejos transformadores de PCB”. Estas fueron algunas de las principales conclusiones a la que llegó el equipo investigador. “Los cánceres de testículos y ovarios estaban muy aumentados en relación a las medias nacionales y lo que más nos sorprendió son las malformaciones urológicas en chicos recién nacidos que son producto de éstos químicos que producen una disrupción endócrina, remodulan la parte hormonal de los chicos en la panza de la mamá entonces nacen con estas malformaciones.”
En el informe se aclara que la incidencia de cánceres de testículo fue tres veces mayor y de casi dos veces en el cáncer de ovario, comparados con las incidencias obtenidas en los registros de Concordia, Bahía Blanca y las estimaciones para Argentina obtenidas del GLOBOCAN 2002. “Cuando se analizan los resultados de las malformaciones uro-genitales masculinas, las cifras son más elocuentes al respecto, ya que las incidencias se ven amplificadas entre 10 para testículos no descendidos y alrededor de 20 veces para hipospadias, al menos en las dos comunidades donde se obtuvieron datos cuando son comparadas con datos europeos o de registros regionales.” Estas comunidades fueron Carreras y Máximo Paz.
Al mismo tiempo, el informe “destaca dos riesgos potenciales en estas poblaciones rurales, relacionados con malformaciones y cánceres hormono-dependientes. El hecho de identificar el riesgo no significa que pueda inferirse la magnitud del mismo, sino simplemente y cautelosamente hace necesario entrar en una segunda fase que es la del «diagnóstico del riesgo», que requiere de una mayor precisión en términos de historias de salud y de diagnósticos eco-sistémicos relacionados (marcadores ambientales y poblacionales), permitiendo así poder confirmar los resultados aquí encontrados.”
Más allá de esto, la relevancia del informe es contundente. Sin embargo, sostiene Oliva, los resultados de la investigación están archivados y nada se hizo desde los estamentos gubernamentales para profundizar el recorrido iniciado.
El impacto sobre la salud: condiciones socioambientales
El especialista plantea una mirada que complejiza agudamente la discusión en torno al uso o no del glifosato. Alejandro Oliva explica claramente que la toxicidad debe buscarse en la combinación del herbicida con sustancias mucho más tóxicas que la propia molécula del glifosato. “El glifosato para poder actuar necesita de detergentes para penetrar la tierra y esos detergentes son terriblemente tóxicos, mucho más tóxicos que el glifosato. También se le agrega 2,4 D, Endosulfán, casi en una proporción similar molecularmente y eso es lo que es tóxico. Son tres productos que están prohibidos y que aquí se usan en una proporción altísima”
Al mismo tiempo, remarca que el debate –hasta ahora ausente- debería centrarse en el impacto socioambiental y en el contexto en el cual toda esta combinación tóxica actúa. “Toda esta mezcla que sí es muy tóxica está en un ambiente donde hay Feed Lots, que significan primeras napas contaminadas con nitrógeno por distintas orinas de animales concentrados en un determinado lugar, antibióticos y hormonas que se usan en los Feed Lots y nadie habla de eso. Si uno observa el mapa de Feed lots en Argentina queda espantado”.
Además, está presente el problema de contaminación en el agua. “Estamos sobre fuentes naturales de arsénico. El 70% de la pampa húmeda tiene aguas con altísima concentración de arsénico. Las cooperativas tratan de darle agua a las localidades través del proceso de ósmosis inversa pero eso es muy relativo porque llega a un 30, 40 % de la población , el 70% restante ¿con qué va a pagar el agua purificada? Nosotros hemos trabajo en lugares como Máximo Paz donde había un 30% de desnutrición y la soja estaba tirada en el borde de la carretera. Es decir, las condiciones socioeconómicas no son tan simples. Si uno suma el nitrito, nitrato, arsénico, todos los clorados más los detergentes y el glifosato y ahí es donde está la bomba explosiva. Además, consumimos carnes muy malas. El 85% del consumo de la población en Argentina son carnes de Feed Lots, de muy mala calidad, constituidas sobre base de antibióticos y hormonas, creados en base a una alimentación artificial basada en soja transgénica, a eso hay que agregar que el 80% del pollo que se consume viene de hibridaciones que están con baños de cloro permanente.”
De esta manera, concluye Oliva “está complicada la cadena de aire por los productos de la fumigación, la cadena de agua y la cadena de alimentación. “El debate se amplía y va mucho más allá de la soja y el glifosato”.
No hay decisión política
Para el especialista del Hospital Iitaliano, la falta de decisión política de todos los niveles del Estado e incluso de las Universidades es lo que favorece a una ausencia de legislación y gestión política para debatir seriamente el impacto del medioambiente en la salud de las poblaciones. Por supuesto, son muchos los intereses políticos y agroindustriales que influyen en este panorama desalentador que se presenta a corto y largo plazo.
Al mismo tiempo, se hace difícil que una parte de de la población vinculada al sector agrario quiera hablar del tema. “Es sumamente complejo transformar esto. Lo que le pasó aAndrés Carrasco en La Leonesa (Chaco) a nosotros nos pasó hace 6 años atrás. La gente siente que se está atacando su forma de sobrevivencia y esto no es así. Lo que se le está planteando es que hay que hacer un cambio cualitativo”, apunta Oliva. “Hay que hacer un estudio para saber cómo está el desarrollo neurológico en las distintas etapas etáreas de los chicos que viven en zonas fuertemente agrícolas. Y ver cómo va ese desarrollo comparado con los centros urbanos”.
Con respecto a las fumigaciones aéreas y terrestres, Alejandro Oliva es contundente: “Establecer un límite para las fumigaciones aéreas puede ser una posible medida si se realiza como debería realizarse. Menos de 3000 metros no se puede ni siquiera empezar a discutir”. También aclara la necesidad de tener en cuenta los vientos, ya que el glifosato tiene la propiedad de permanecer extensos períodos en el ambiente y viajar largas distancias arrastrados por el viento y el agua. Sin embargo, aquí en Argentina, este factor no es tenido en cuenta por el sector agroindustrial a la hora de fumigar. “Eso está considerado en cualquier lugar que se legisle sobre fumigaciones. En los trabajos que se realizaron hace poco, se estudió que lo que se fumigaba en Dinamarca llegaba a Finlandia y estamos hablando de miles de kilómetros y esto es por los vientos. Acá nadie le da ninguna importancia a esto.”
Con respecto al límite de la fumigación terrestre, aclara que debería estar a 800 metros, por la contaminación de las napas. “En Europa no está prohibida la fumigación pero hay una normativa que se cumple porque el que no lo hace pierde su licencia y su libertad. Si el radar detectó que un avión esta fumigando violando el área, la justicia acá. Pero para lograr eso hay que tomar decisión política y abrir un debate en serio que no pasa solo con la retenciones.”
Es así como Oliva aclama por una legislación nacional que no quede sujeta a la decisión de las Comunas y Municipios. “Esta decisión política falta en la Nación, la provincia y en las universidades.” También subraya la necesidad de no mezclar la discusión económica con el debate profundo que debe darse en torno a la salud humana. “El debate de las retenciones es un debate económico que no tiene nada que ver con la salud”. Plantea con urgencia que la discusión y las investigaciones científicas no se centren únicamente en discutir solo el glifosato sino abrir el panorama a todo un impacto ambiental mucho más complejo que incluye la ganadería y el agua. “El problema no es la molécula del glifosato sino todo lo que el glifosato lleva agregado, que cada uno lo usa a ojo de buen cubero. Le dicen las gotitas del cielo y de acuerdo a como viene el cielo le echan un chorro más o un chorro menos al tanque del glifosato y con eso salen a fumigar”.
En este sentido, reafirma: “Las comunas no puede elegir adherir o no a las legislaciones. Esta es una concepción neoliberal. Hay que discutir una ley nacional y darle sostenibilidad. Hay que legislar, gestionar políticamente, considerar a esto como delitos federales, prohibirlo de forma tajante y no por adhesión. Pero son decisiones de Estado. La discusión es mucho más amplia que el glifosato, y el problema va a seguir estando sino se regula”. La incorporación de nuevas tecnologías podría generar otros problemas si la discusión no se profundiza. “Dentro de unos años, las empresas que inventaron el glifosato y las organizaciones de la agroindustria van a salir decir que esto no va más, pero introducen nuevas tecnologías”, entre ellas, la nanotecnología “que conlleva el agregado de compuestos de metales y metaloides a este ambiente, y suman mayor preocupación a este análisis. Existen ya evidencias de la toxicidad de estos componentes, al menos a nivel inmunológico y reproductivo que están encendiendo señales de extrema atención e el mundo científico.”
Con la fuerza de las comunidades
Son y siguen siendo las comunidades más afectadas a los modelos imperantes de la agroindustria y las organizaciones y movimientos sociales los que tienen, en esta intensa lucha por defender la salud humana, un rol fundamental. Son ellos quienes han logrado tras arduas resistencias un fallo histórico en la provincia de Santa Fe, en la localidad de San Jorge. Y son ellos los que han generado un debate que cada vez adquiere mayor dimensión, a pesar de los intereses políticos y económicos vinculados al agronegocio que buscan sepultar cualquier tipo de voz que denuncie el impacto nocivo del monocultivo sojero. Sobre esto, el Dr. Alejandro Oliva enciende una mecha de esperanza. “Las comunidades y las organizaciones tienen un rol fundamental que es promover el debate. Muchas veces lo hacen sin recursos, y eso es lo que se logró en estos últimos años, gracias a las comunidades, a las organizaciones. Esto es lo que va a finalmente a promover que la opinión de la población sea más fuerte que la opinión de la agroindustria”.
