Por Ecos Córdoba. El 13 de septiembre de 2015, un mensaje de texto alertó a los jachalleros que la mina Veladero había vertido miles de litros de cianuro al río. Pasó un año y la Justicia aún no investigó a los funcionarios provinciales ni directivos de la Barrick. Organizaciones de todo el país exigen clausurar la explotación de oro y plata, instalada en un área prohibida por la ley de glaciares.
Por Lucia Guadagno | @LuciGuadagno
Originalmente publicada en Ecos Cordoba
Foto: Asamblea Jáchal No Se Toca.
Eran las diez y media de la noche del domingo. Marisol bañaba a su hijo de seis años cuando en la radio alertaron: la mina Veladero derramó cianuro al río Potrerillos. “Nos pusimos como locos. Saqué volando al nene del agua. Lo llevamos a la casa de mi mamá y nos fuimos directo a la plaza.”
Lo peor fue la incertidumbre. “Ninguna autoridad en ese momento salió ni dio la cara. El intendente no apareció. De ahí para arriba, nadie. Ni siquiera la gente de la Barrick. Lo más feo fue que pasamos una semana al menos de incertidumbre”. Marisol Sánchez, junto a su marido, tiene un bar y venta de productos regionales. Tras el derrame notan menos turistas en Jáchal. “Los que vienen preguntan con qué agua está hecho el café”.
El intendente en ese momento era Jorge Barifusa, del Frente para la Victoria, actual legislador provincial. El gobernador era José Luis Gioja, ahora diputado nacional y presidente del PJ. En diciembre de 2015, Miguel Ángel Vega, también del FPV, sucedió a Barifusa en la intendencia. Y la gobernación la asumió el delfín de Gioja, Sergio Uñac. La megaminería fue política de Estado de los presidentes Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y ahora, de Mauricio Macri.
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Veladero es una mina a cielo abierto de la empresa canadiense Barrick Gold. Está ubicada en el noroeste de la provincia de San Juan, en una zona denominada de “usos múltiples” de la Reserva Provincial San Guillermo,que integra la Red de Reservas de Biósferas de la Unesco. La explotación está sobre la cordillera de los Andes, a uno 4000 metros de altura, en un ambiente periglacial, donde nacen los ríos.
Comenzó a funcionar entre 2004 y 2005. Extrae oro, plata y mercurio a través de dos procesos básicos: se dinamita la roca y luego, a través de agua con cianuro, se separa el material buscado del resto. En 2015, produjo 602 mil onzas de oro, según informó la empresa en su sitio web. Para 2016, espera que sean 640 mil. Las reservas de oro calculadas por Barrick en Veladero alcanzan los 7,5 millones de onzas. El precio de la onza en el mercado ronda los 1.300 dólares. La nacional ley Nº 26.639, de protección glaciares, sancionada en 2010, prohíbe este tipo de actividades en áreas de glaciares o ambiente periglaciales.
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“Me enteré el lunes a la mañana. Mi suegra llamó y me dijo que no mande el niño a la escuela porque hubo un derrame y estaban diciendo que no manden los niños a la escuela porque no se sabían cómo estaba el agua. Y yo le dije: ‘Si hubo un derrame, va a demorar en llegar. Además, el agua que tomamos viene de otra cuenca”.
Virginia Carpio es técnica universitaria en Hidrología. Es riojana y vive en San José de Jáchal desde hace seis años. El domingo 13 de septiembre, cuando un empleado de la mina envió un mensaje a su familia para alertar sobre el derrame, ella estaba de paseo con su marido y su hijo. Al enterarse, el lunes, fue a la radio a llevar algo de tranquilidad: el agua que beben en el pueblo no proviene del río Jáchal, del cual el Potrerillos, contaminado con cianuro, es afluente. Desde 2009, toman del acueducto que proviene de Huerta de Huachi. La obra se hizo porque el agua del Jáchal tenía altos valores de arsénico y boro.
“Lo que no entiendo es cómo pudieron permitir que se instale esta mina. Acá, en una zona desértica, semiárida, donde no llueve. Necesitás del aporte permanente del agua que sale de los glaciares. ¿Cómo van a permitir que se implementen esos proyectos megamineros en plena cordillera, en nuestro ‘tanque de agua’? Eso me pareció una aberración desde siempre”. En los ojos de Virginia hay un acuoso brillo de impotencia.
Para operar Veladero, Barrick utiliza más de 110 litros de agua por segundo, lo que equivale a nueve millones y medio de litros por día, según datos del Departamento de Hidráulica de San Juan publicados por Greenpeace. Quema hasta 300 mil litros de combustible diarios y consume toneladas de explosivos para triturar la roca. Al volar en pedazos la montaña, se aceleran los procesos naturales por los cuales las rocas liberan metales pesados al agua. “Es un problema que se menciona muy poco, que afecta las aguas superficiales y subterráneas. Es una contaminación imposible de evitar porque se desprende del solo hecho de triturar las roca”, señala el hidrogeólogo Fernando Máximo Díaz, perito de la Corte Suprema de Justicia y de la Justicia Federal, citado por Darío Aranda en su libro Tierra Arrasada. A la vez, el polvo en suspensión contamina el aire y daña los glaciares.
Que parezca un accidente
El famoso mensaje de whatsaap que envió un obrero de la mina, al advertir a los vecinos de Jáchal sobre el derrame.
La explicación oficial es que falló una válvula en el valle de lixiviación (donde se separa la roca de los metales con cianuro) y una compuerta, que no debía estar abierta, lo estaba. Como consecuencia, el 12 y 13 de septiembre de 2015, Barrick vertió al río Potrerillos una cantidad hasta el momento desconocida de agua con cianuro. La empresa reconoció 1,3 millones de litros. Integrantes de la Asamblea Jáchal no se Toca afirman que fueron más. Peritos de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina constataron que el derrame contaminó cinco ríos.
La mina venía trabajando en condiciones de riesgo desde hacía un mes. En una resolución publicada en noviembre pasado, el juez de Jáchal Pablo Oritja explicó que el valle de lixiviación estaba en lo que la misma Barrick definió como cota roja. En su Declaración de Impacto Ambiental, la empresa dijo que la solución cianurada no podría superar una altura de 3926 metros sobre el nivel del mar. Si lo hiciera, pasaría a una situación de riesgo denominada cota amarilla, y luego, roja. El juez determinó que la mina operaba en una cota roja desde el 17 de agosto de 2015.
A un año del hecho, no hay un solo directivo de Barrick ni funcionario de la provincia de San Juan (encargados de controlar) imputado por la Justicia. Sólo cinco ejecutivos de segunda línea de la empresa fueron procesados y hay una causa en el fuero Federal que investiga las responsabilidades de funcionarios nacionales.
A la negación de justicia se sumó la negación de la participación ciudadana. En mayo último, el Concejo Municipal de Jáchal no autorizó la consulta popular para decidir por el sí o no la minería. Se necesitaban cuatro votos de seis. Pero los tres concejales oficialistas se abstuvieron. “Había una situación de inconstitucionalidad, entendimos que no correspondía”, argumentó Javier Llanos, presidente del Concejo. “La consulta era el reclamo de un sector, no el interés general”, continuó. “Además, el caso (del derrame) está judicializado”.
A la negación de justicia y de participación, se estaría por sumar la negación de glaciares. Para poder aplicar la ley de protección de glaciares es necesario que el Gobierno nacional complete un inventario de los hielos, que tiene pendiente desde 2010. El ministro de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, prometió a los sanjuaninos que a fin de año estaría listo. Pero el mes pasado, la Asamblea Jáchal no se Toca se enteró de que el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia), encargado de realizar el inventario de glaciares, sólo registra aquellos cuya superficie sea de al menos una hectárea. Así lo afirma el organismo en el documento “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de Ejecución”. Con este criterio, glaciares como el Toro 1, que miden unos 700 metros cuadrados, quedarían afuera, explicó Saúl Ceballos, integrante de la asamblea. Y recordó que al definir glaciar, la ley entiende a “toda masa de hielo perenne o estable (…) cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación”. El Ianiglia aún no respondió la consulta de ECOS Córdoba sobre este tema.
“Vamos a hacer acciones civiles y penales. Vamos a recurrir a la Justicia provincial, federal e instancias internacionales si es necesario”, sostuvo este fin de semana Diego Seguí, abogado de la Asamblea Jáchal no se Toca. “No puede la resolución de un Instituto estar por encima de lo que dice una ley nacional”.
El castigo
Para entender el conflicto es necesario entender la geografía. San José de Jachal es la ciudad cabecera del departamento Jáchal. Limita al oeste con el departamento Iglesia, jurisdicción donde se encuentra Veladero. A más de 4000 metros de altura, donde está la mina, nace el río Potrerillos, que desemboca en el río Las Taguas y éste, a su vez, en La Palca. El río La Palca termina en el río Blanco (que viene de La Rioja) y éste llega al dique Cuesta del Viento, dónde nace el río Jáchal, que atraviesa el departamento con el mismo nombre.
Fue en la plaza de San José de Jáchal donde se reunieron los vecinos la noche del domingo 13 de septiembre, cuando se enteraron del derrame. Los días siguientes continuaron los encuentros y se reactivó la Asamblea Jáchal no se Toca, que se había organizado para impedir la explotación de uranio en la localidad jachallera de La Ciénaga.
La asamblea denunció el derrame ante la Justicia provincial y federal. Y el miércoles 21 de octubre una veintena de sus integrantes iniciaron un corte de ruta en el acceso al camino privado hacia la mina, a la altura de la localidad de Tudcum, en el departamento Iglesia. Dejaban salir vehículos pero no ingresar. Aseguraban estar dispuestos a quedarse hasta que la minera se fuera. Pero no duró mucho. El 23 a la madrugada, cuando se estaban por cumplir 72 horas de bloqueo, la Policía sanjuanina desalojó la protesta.
“No respetaron nada. Me quitaron mi cámara de fotos y me la devolvieron abierta, golpeada y sin la tarjeta de memoria. Una compañera sufrió traumatismo de cráneo. Nos tuvieron detenidas en Rodeo (cabecera del departamento Iglesia). Fue muy violento, sobre todo hacia las mujeres”, denunció Florencia Táñez, entonces estudiante de Comunicación Social, que ya lleva un año procesada por supuestas lesiones leves y resistencia a la autoridad. “Nunca me llamaron a declarar.” De los 23 detenidos esa noche, a tres les iniciaron procesos judiciales. Las tres son mujeres. Hasta ahora, no fueron absueltas.
Otras muestra de cómo se disciplina a vecinas díscolas ocurrió casi cinco meses después del derrame. El 5 de febrero se celebraba la segunda noche de la Fiesta de la Semilla de Manzana en Iglesia. Marcela Rosales, docente e integrante de una radio comunitaria, se paró entre el escenario y el público y, con la ayuda de un joven jachallero, desplegó un cartel hacia la tribuna que decía: “No a la megaminería. Extractiva y destructiva”. La llevaron presa.
“Uno de los que pedía que nos llevaran presos era un papá del colegio donde trabajo. Lo saludé, porque para mi no era una persona extraña sino un conocido. Entonces él me dijo: ‘Estamos de fiesta’. Y yo le dije: ‘Usted sabe que esto es verdad’.”
El joven jachallero pudo escabullirse entre la gente y no fue detenido. La Policía trasladó a Marcela a la Seccional 22 de Rodeo. Un oficial le pidió que firmara un papel en el que aceptaba estar detenida por transgredir el artículo 113 apartado 1 del Código de Faltas de la Provincia que dice: Será sancionado (…) el que anunciando desastres, infortunios o peligros inexistentes provoque alarma en lugar público o abierto al público, de modo que pueda llevar intranquilidad o temor a la población.
“Me decían que yo había hecho eso, cuando en realidad hubo un derrame y la población ya estaba intranquila. Les dije que no iba a firmar.” Tras los insistentes llamados telefónicos de asambleístas de todo el país a las comisarías de Rodeo, Jáchal y San Juan, unas seis horas después, la dejaron ir.
“El miércoles siguiente fui a declarar ante el Juez de Paz. Fui con un abogado, Renzo Quero, que se ofreció a asesorarme gratis. El juez me preguntó si yo era miembro de un partido político. Le dije que no, pero que sí participaba de una radio comunitaria. Entonces comenzó a indagarme sobre los contenidos que dábamos en la radio. Pero el abogado me dijo: ‘No respondas eso porque no tenés por qué responder. No tiene que ver con el caso’”. Para el abogado, fue una detención ilegal. “Ella ejerció su derecho a manifestarse en forma pacífica. No tenían por qué detenerla”, afirmó Quero.
Lo que más le duele a Marcela es sentirse en soledad. “Es una persecución por levantar un cartel. Lamentablemente, en Iglesia nadie se ha manifestado, nadie ha podido levantar un cartel ni poner uno en su casa, porque la gente tiene miedo. Depende del municipio. No porque dependa de la minera, sino porque depende del municipio por una beca, un sueldo o una pasantía”. En cambio, ella trabaja en una escuela de San Juan Capital.
La diferencia es evidente. En San José de Jáchal muchos comercios tienen en su vidriera carteles que dicen “El agua vale más que el oro”. En la plaza, frente al municipio, está plantada una carpa en repudio a la minería. Pero en Iglesia, la presión de la Barrick y el Gobierno es mayor. Nani Varela es otra de las iglesianas que participa de las asambleas. “Estoy estigmatizada por oponerme a la mina. Se dividieron familias y amistades por estar en contra o favor de la mina. Los jachalleros creen que somos débiles, pero en Iglesia todo es más difícil”, explicó.
La Justicia
A raíz del derrame se abrieron dos causas judiciales: una en el fuero provincial de San Juan y otra, en el fuero Federal, en Buenos Aires.
El juez de Jáchal, Pablo Oritja, hizo lugar a recursos de amparo, ordenó la suspensión de las actividades en la mina por unos días, dispuso que el municipio provea agua a las familias y procesó a nueve ejecutivos de la Barrick por violar el artículo 56 de la ley Nº 24.051 de Residuos Peligrosos. Ellos son: Leandro Poblete, jefe de Procesos; Segundo Álvarez, subjefe de Procesos; Carlos Cabanillas, gerente de Minas; Ángel Escudero, gerente de Prevención de Riesgos; Osvaldo Brocca, supervisor de Servicios Técnicos; David Sánchez, supervisor de Mantenimiento; Ricardo Cortéz, supervisor de Medio Ambiente; Walter Pizarro, gerente de Procesos; Antonio Adames, gerente General.
“Son empleados de jerarquía inferior, lo que nosotros llamamos perejiles”, sostuvo Diego Seguí, abogado de la Asamblea Jáchal no se Toca. La empresa apeló los procesamientos y se espera la resolución de la Cámara de Apelaciones de San Juan. Y eso es todo. Para la Justicia sanjuanina, hasta ahora, no hay más responsables.
La investigación que avanzaba sobre el CEO de Barrick, Guillermo Caló (reemplazado por Juan Bautista Ordóñez tras el derrame); Santiago Bergé, presidente de la Cámara de Minería de San Juan; y Domingo Raúl Tello, secretario de Ambiente de San Juan, quedó trunca tras una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A esa investigación la llevaban adelante el fiscal federal Ramiro González y el juez federal Sebastián Casanello. Ante un reclamo de competencia hecho por el juez Ortija, la Corte resolvió que Casanello sólo tenía que determinar la responsabilidad de funcionarios nacionales. El resto, ordenó que se investigue en San Juan.
Moran: “La mina está una área periglacial”
Corte en Jáchal, al cumplirse un mes del derrame. Ph: Asamblea Jáchal No Se Toca.
La resolución de la Corte se conoció el 5 de mayo. Un mes antes, Casanello había conformado una comisión de expertos para que subieran a la mina y determinaran en qué condiciones estaba trabajando. Si no había seguridad en los procesos, ordenaría el cierre preventivo. Eso permitió que el 7 de abril visitara la mina Robert Moran, un hidrogeólogo estadounidense experto en megaminería, designado por la Asamblea Jáchal no se Toca.
Moran confirmó que la mina está instalada en un área periglacial. Dio una conferencia en la Comisión de Ambiente del Senado de la Nación y dejó un informe en inglés, que hasta ahora el juez Oritja no mandó a traducir.
El 22 de abril subió a la mina la otra parte de la comisión, integrada por funcionarios de los ministerios nacionales de Ambiente; del Interior; y de Energía y Minería, junto con personal del departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina. Ese informe no se conoce.
Antes de que Casanello pudiera tomar una decisión con toda esa información, la causa pasó a manos de Oritja. Para la Asamblea, esto significa la impunidad del ex CEO de Barrick y de los funcionarios sanjuaninos.
El Gobierno de San Juan sancionó a la empresa con una multa de uno 9,6 millones de dólares (145 millones de pesos). Un cálculo rápido y perfectible indica que si en 2015 Barrick sacó de Veladero 602 mil onzas de oro y cada una de ellas se vende a 1.300 dólares, con lo que extrae en cinco días le sobra para pagar la multa.
Política de Estado
Ante la evidencia de que la mina está instalada en un área prohibida por la ley de glaciares y que la Justicia constató la contaminación de los ríos tras el derrame, Greenpeace lanzó una campaña para pedir al presidente Mauricio Macri que cierre la mina Veladero. Pero el Gobierno se niega.
“Al respecto, queremos contarte que el inventario que determinará la existencia de glaciares o de ambiente periglaciar (sic) en la zona del proyecto Veladero todavía está en proceso de elaboración”, dice el e-mail que la Casa Rosada le envió el 9 de mayo pasado a cada una de las personas que participaron de una campaña de Greenpeace, que consistía en mandarle un mail al Gobierno pidiendo el cierre de la mina.
En ese texto de casi 700 palabras, la Presidencia de la Nación justificó su decisión. “Desde un punto de vista técnico-ambiental, clausurar una operación minera implica riesgos ambientales significativos (…) Esto sin evaluar el efecto que tendría sobre miles de familias que hoy cuentan con un trabajo digno gracias a este emprendimiento. Veladero es el primer empleador privado de San Juan. El proyecto emplea a más de 3.000 trabajadores -entre directos y contratistas- y gasta anualmente, entre salarios y compras, $ 7.500 millones en Argentina, su gran mayoría dentro de San Juan. Representa más del 25% del Producto Bruto Geográfico de la provincia.”
Uno de los principales voceros del Gobierno nacional en el tema minero es el ministro de Ambiente, Sergio Bergman. “Minería con licencia social, un cambio cultural”, se llama la columna de opinión que publicó el funcionario en Infobae el 17 de mayo pasado. En su visita a Jáchal, en marzo último, les recordó a los asambleístas que la minería es una política de Estado, pero que el Gobierno iba a respetar la autodeterminación de los pueblos. A raíz de esa declaración fue que el concejal Jorge Morales presentó el proyecto de consulta popular que luego el oficialismo local rechazó.
Y en los lugares donde sí hubo consulta, como en Esquel, donde en 2003 el 81 por ciento de los votantes dijo No a la Mina, Bergman fue a exhortar por un debate “sin condicionamientos” sobre la actividad minera. “Para mí Chubut tiene que tener una discusión sobre la minería, y eso no inhibe la militancia ni de un lado ni del otro, pero hay que debatir porque falta llegar a un término medio”, sostuvo el ministro.
El 1 de septiembre último, la agencia de noticias británica Reuters informaba: “Argentina busca acuerdo entre provincias para impulsar esperadas inversiones mineras (…) La gestión del presidente Mauricio Macri, que asumió con la promesa de atraer las inversiones necesarias para reactivar la estancada economía del país, apunta a que su plan pueda entrar en vigencia el año próximo y está organizando reuniones mensuales con funcionarios de los mayores distritos mineros.”
César González tiene 37 años y una despensa en Jáchal. “Con la mina no cambió nada. En 10 años, te puedo asegurar que son dos los mineros que vienen a comprar acá. El pueblo sigue estancado como antes, o peor. Ahora sabemos que hubo un derrame, que está toda la contaminación. También quieren sacar uranio a pesar de que estamos en contra. Pero bueno, se imagina que nosotros pelear contra un Gioja o un presidente es como pelar contra un dragón con un escarbadientes”.
